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Según la SRA pertenecen a miles de indios que las poblaron antes del dictamen

Pierden lacandones 113 mil hectáreas por incumplirse un decreto de 1972

Para concluir litigios en la zona propone expropiarles tierras que no ocupan, e indemnizarlos

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Indígenas de la comunidad de Lacanjá, en Chiapas, en imagen de archivo Foto: Yazmín Ortega

Tuxtla Gutierrez, Chis., 18 de febrero. La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), reconoció que un decreto presidencial de 1972, que otorgó a los lacandones unas 100 mil hectáreas en la selva, nunca fue ejecutado, por lo que legalmente pertenecen a los miles de indígenas que llegaron a poblarla antes y que en 1994 se levantaron en armas comandados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La dependencia propone indemnizar a los lacandones mediante la expropiación de 11 mil hectáreas que poseen, pero que no habitan, para dejar la zona "libre" de cualquier conflicto agrario antes de que concluya la administración federal.

Según información oficial en poder de La Jornada, luego de los levantamientos topográficos e investigación documental de la situación de los núcleos poblacionales que forman parte de la selva Lacandona, el decreto presidencial de 1972, que otorgó unas 113 mil hectáreas a los lacandones, nunca fue ejecutado (entregado el terreno); por lo anterior, las tierras legalmente pertenecen a quienes antes del decreto fundaron sus comunidades en la región.

Entre estos poblados se encuentran 26 de la zona de Las Cañadas, donde ahora se ubican tres de las juntas de buen gobierno del EZLN.

Según el historiador Antonio García de León, en su libro Resistencia y utopía, a finales de los años 50 cientos de peones asentados en las fincas cafetaleras de los valles de Ocosingo fueron expulsados por sus patrones cuando bajó el requerimiento de mano de obra debido a que cambiaron cafetos por ganado.

Para controlar la presión de los expulsados, el Estado les permitió colonizar la selva Lacandona. A este éxodo se unieron indígenas de la zona de los Altos, quienes huían de sus tierras estériles.

Por ejemplo: en la primavera de 1969 los peones que trabajaban en la finca El Porvenir partieron hacia la selva, y entre los ríos Tzaconejá y Jataté, fundaron el ejido La Sultana. Iniciaron los trámites para que les legalizaran la propiedad de la tierra y el 4 de marzo de 1965 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz les reconoció 634 hectáreas, entonces "propiedad de la nación". Otros ejidos que se fundaron en la época y en iguales circunstancias fueron Agua Azul, San Francisco, Las Tacitas, Ibarra, Amador Hernández y Plan de Guadalupe.

El 6 de marzo de 1972 el gobierno de Luis Echeverría ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual otorga a indígenas lacandones -unas 66 familias que habitaban un pequeño extremo de la selva Lacandona- 614 mil 321 hectáreas. Esa dotación abarcaba los terrenos ocupados de la zona de Las Cañadas.

Los historiadores coinciden en afirmar que la incertidumbre generada entonces en la posesión de esa tierra y las amenazas de desalojo que pesaron sobre los poblados fueron factores que impulsaron a los habitantes del lugar a unirse al movimiento que en 1994 se conoció como EZLN.

La SRA comenzó hace cuatro años levantamientos topográficos, censos y estudios documentales sobre la posesión de la tierra en la zona con el propósito de reubicar y/o regularizar los poblados que "ilegalmente" se encuentren ahí. El informe de este proceso indica que debido a que un decreto presidencial adquiere validez última hasta que es ejecutado, fue hasta 1988 en que se efectuó el deslinde y medición de la tierra dotada a los lacandones que se validó. Se encontró entonces que sólo poseían 501 mil 107 hectáreas.

Es decir, 113 mil de las 614 mil hectáreas que presuntamente les pertenecían estaban ya ocupadas por pobladores que habían llegado antes. Como las leyes agrarias indican también que "primero en tiempo primero en derecho", los lacandones sólo pudieron acreditar, en la zona de Las Cañadas, 11 mil 638 hectá-reas dispersas en ocho polígonos.

Ello implica -según el diagnóstico de la SRA- que los 26 ejidos que ocupan Las Cañadas poseen el derecho legal; inclusive algunos tienen resoluciones presidenciales en su favor. Se trata de los poblados La Sultana, Las Tacitas, Ibarra, Ixcán, Nuevo Tenejapa, Peña Blanca, Agua Azul, San Jerónimo, San Francisco, Pichucalco, Plan de Guadalupe, El Calvario, El Zapotal, San José, Guadalupe Trinidad, Laguna Santa Elena, Ojo de Agua San Jacinto, El Guanal, Candelaria, Santa Marta Corozal, Santa Lucía, Amador Hernández, San Antonio Escobar, El Limonar, El Chamizal y Perla de Acapulco.

Con el propósito de dejar "libre de conflictos agrarios" esa región, la SRA propuso a la comunidad lacandona la expropiación de las 11 mil 638 hectáreas que les pertenece, aunque no ocupan. El jueves pasado, los líderes y delegados de poblados de Las Cañadas acordaron medir las colindancias y conocer los límites de las propiedades.

Se espera que al concluir ese proceso se defina el precio de la "indemnización" que la SRA entregaría a los lacandones para que abandonen sus expectativas sobre la posesión de la tierra en esa región.

 
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