La propuesta de la Junta de Coordinación Política cuenta con el aval de todos los partidos

La Cámara de Diputados pedirá hoy a la SCJN indague el caso Lydia Cacho

Logra el PRI que se cite a comparecer a Carlos Abascal para hablar de intervenciones telefónicas

ENRIQUE MENDEZ

A propuesta de la Junta de Coordinación Política, y con el aval de todos los partidos, la Cámara de Diputados solicitará este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar a alguno de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente constituyen agravio y violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, en los que están presuntamente involucrados el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; la procuradora de Justicia del estado, Laura Blanca Villeda, y la juez Rosa Celia Pérez.

También, y a propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Junta de Coordinación acordó citar a comparecer ante el pleno camaral, en la sesión del martes de la próxima semana, al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, para que explique ''los cientos de casos de espionaje telefónico que se han dado en este gobierno'', y también se citará a comparecer el 2 de marzo al titular de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, para que presente información sobre el combate al narcomenudeo.

El dedo en el renglón

Aunque en ambos casos ésa fue la explicación oficial, en el PRI subyace la intención de cuestionar la intervención telefónica al gobernador Marín, y también se preparan en la bancada preguntas a Medina Mora sobre la permanencia de Miguel Angel Yunes Linares en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Ayer, el coordinador de los diputados priístas, Emilio Chuayffet Chemor, optó por no continuar la polémica desatada entre él y Yunes, al afirmar que este tema ''no le compete a la sociedad'', porque es ''un asunto privado'' entre ambos.

Inclusive, quien el martes pasado definió la conjura contra Lydia Cacho Ribeiro como ''un chismito'', ayer afirmó que el espionaje telefónico ''representa una monstruosa violación de derechos que debe ser debidamente investigada y castigada''.

Asimismo, el punto de acuerdo que se aprobó ayer en la junta, y que será presentado al pleno hoy, cuestiona el contenido de las llamadas telefónicas entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, reveladas por La Jornada, en las que ambos ''festinan la detención de la periodista en Quintana Roo y su traslado a Puebla'' para presentarla ante la juez Pérez.

''En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una confabulación, ante una asociación delictuosa del gobernador, la procuradora y la juez, en la que el poder político se subordina al económico, y donde actúan como meros subordinados, personeros y lacayos del empresario Kamel Nacif Borge'', señala el pronunciamiento.

Dentro de la solicitud que hoy se someterá al trámite del voto en el pleno, aun cuando en principio, a nombre del PRI, el diputado Jesús Morales Flores, hermano del ex gobernador de Puebla Melquiades Morales, se abstuvo, se afirma que el aparato de procuración e impartición de justicia en esa entidad ''actuó facciosamente y por consigna''.

El punto de acuerdo, propuesto por el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez, a la junta -que lo respaldó-, refiere que se ha acreditado fehacientemente en los medios de comunicación que la consigna de Marín Torres fue encarcelar a Lydia Cacho ''y someterla a las más cruentas infamias, todas ellas violatorias de las garantías individuales previstas en la Constitución, y de su dignidad como persona''.

Además, cuestiona, el gobernador de Puebla, ''escudado en la impunidad, pretende sustraerse a la acción de la justicia (y) prácticamente ha afirmado que lo que se haga en su contra es un ataque a los poblanos. Nada más falso, como si la tierra donde Aquiles Serdán fue asesinado en noviembre de 1910, por estar en contra de la oprobiosa dictadura de Porfirio Díaz, fuera lugar para proteger pillos''.

El PT, a diferencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que solicitó un juicio de procedencia contra Mario Marín el jueves pasado, consideró que si bien la Constitución prevé el desafuero como control constitucional de los gobernantes, la resolución que pudiera asumir en ese sentido ''sería únicamente declarativa y se comunicaría al Congreso del estado para que proceda como corresponda. Sin embargo, en la legislatura del estado de Puebla el PRI cuenta con mayoría, por lo que prácticamente es imposible que la sanción, vía juicio político, de destitución e inhabilitación, le pueda ser impuesta al gobernador Mario Marín''.

Pero, resaltó, en este caso no puede haber impunidad, ''y si permitimos que Mario Marín quede sin sanción, la justicia en México será de consigna y no conforme a la probanza de responsabilidad acreditada en un juicio penal'', por lo que se optó por presentar una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que integre una comisión investigadora, conforme establece el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución.

Dicho precepto señala: ''La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal''.

Por su parte, y en medio de la diatriba entre Chuayffet Chemor y Yunes Linares, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, lanzó una convocatoria a que en la relación entre los actores políticos ''no hable la sinrazón de la violencia física y verbal. Demos paso a la palabra y la política para entendernos y no agredirnos... Los excesos nos llevarán a lastimar a la República, a darle la espalda a la ciudadanía y con ello quebrantar la legitimidad de nuestra democracia''.