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Reunión en Suiza con comité sobre el tema de la ONU

Persiste la discriminación y pobreza entre etnias y migrantes: Conapred

ALMA E. MUÑOZ

En contraposición a lo dicho por el presidente Vicente Fox, un grupo de mexicanos sostuvo ayer un encuentro con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, para denunciar que en las comunidades indígenas "se entrelazan pobreza y discriminación racial, que conlleva a que la mayor parte de sus habitantes sean objeto de exclusión y de tener una posición desventajosa en el reparto de la riqueza". En este sentido, ambas partes discutieron acerca de la esterilización forzada de mujeres dentro de estos grupos sociales.

Al respecto, según cable de la AFP, el comité de la ONU instó a nuestro gobierno a investigar y castigar a los culpables de estos hechos por constituir "un delito grave, considerado como genocidio, y que debe ser castigado judicialmente, al igual que las masacres de indígenas, perpetradas en México en años recientes y que quedaron impunes", de acuerdo con el relator para el caso México, José Francisco Caly Tzay.

Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sumó a estos grupos que sufren la "innegable y grave discriminación", a los cerca de 10 millones de migrantes internos y extranjeros en el país. En especial, habló de las mujeres que laboran como trabajadoras domésticas o se dedican al comercio sexual. Estas últimas, afirmó, "suelen ser maltratadas física, síquica y verbalmente, y son sujeto de extorsiones de los empleadores, las autoridades migratorias y los clientes".

Insistió, de acuerdo con lo difundido por la institución a su cargo, que es necesario actualizar el marco jurídico vigente en nuestro país para garantizar la protección del derecho a no ser discriminado, tal como establecen el artículo primero constitucional y tratados internacionales suscritos por México. Especialmente por ser este problema "un fenómeno de larga duración, que contrasta con la corta vida que aún tienen la legislación y las acciones institucionales en contra de ella".

Cuestionó, en presencia de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María del Refugio González Domínguez, como presidenta de la delegación mexicana que se reúne con la instancia internacional, la falta de acceso a la justicia para los miembros de las diversas etnias, "en condiciones de igualdad", respecto a otros mexicanos, y que provoca la intervención del Conapred en diversos casos.

Al respecto, Caly Tzay, uno de los 12 expertos del comité que vela por el cumplimiento de la convención internacional de Naciones Unidas en materia de discriminación étnica, racial y religiosa, puso en entredicho la eficacia del dispositivo institucional de México para combatir el primer problema, y extendió su crítica a la insuficiencia de la reforma constitucional, efectuada en 2001, para lo que no se consultó a las poblaciones indígenas.

El titular del Conapred afirmó, por su parte, que aunque es mucho más reducida, en comparación con los alrededor de 12 millones de indígenas en el país, la población afrodescendiente "también es objeto de discriminación racial".

Pero, sobre todo, enfatizó sobre los migrantes. En la frontera sur del país, dijo, se dan entre 50 y 75 mil ingresos anuales de trabajadores documentados y un número indefinido de personas sin papeles, procedentes de Centroamérica, que podría dar una cifra de entre 100 y 250 mil. Entre todos ellos ubicó como los "especialmente vulnerados", a los procedentes de Guatemala, quienes se internan en territorio nacional para emplearse en labores agrícolas en las que, "de forma independiente a su estatus legal, son objeto de múltiples abusos como despidos injustificados, retenciones de salarios y documentos, jornadas laborales largas, malos tratos y discriminación".

 
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