"Con su indiferencia se convierte en cómplice de los perpetradores de estos asesinatos"

Vergonzoso informe de la PGR sobre feminicidios en Juárez: ONG

Reclama AI la ausencia de la perspectiva de género; no superó deficiencias originales

VICTOR BALLINAS

Amnistía Internacional (AI), Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas y Católicas por el Derecho a Decidir consideraron ayer que el informe de la fiscalía especial que investiga los asesinatos en Ciudad Juárez de la Procuraduría General de la República (PGR) es "vergonzoso. El feminicidio sigue vivo, el año pasado mataron a 31 mujeres, los crímenes siguen y el Estado con su indiferencia se convierte en cómplice de los perpetradores de estos asesinatos contra mujeres al no sancionar ni investigar, y tampoco perseguir los delitos ni a los delincuentes".

La presidenta de AI-México, Liliana Velázquez, destacó que el informe de Mario Alvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, reconoce que durante muchos años hubo inacción sistemática oficial para prevenir y castigar muchos de los crímenes de odio contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace 13 años.

En Cuernavaca, Morelos el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, aseveró que la PGR no ha hecho nada para investigar y sancionar los feminicidios. "Hace dos años y medio se les entregó el informe sobre feminicidios de Ciudad Juárez que este órgano realizó, y a la fecha no ha hecho nada."

Abundó: "Por tanto, la creación de una fiscalía especial para atender los crímenes de mujeres en todo el país es una farsa, no es más que una cortina de humo para cubrir la ineficacia y la negligencia de la PGR".

Metodología y conclusiones

Mientras, Liliana Velázquez aseveró que le preocupa "la metodología y las conclusiones de la fiscalía de la PGR, pues parece restar importancia a los crímenes contra mujeres e insinúa que quienes intentan poner de relieve estos delitos y la impunidad que los rodea han creado una percepción distinta de la realidad, no obstante que los índices de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez sigue siendo muy elevado".

Agregó que "las conclusiones del informe de la fiscalía se basan en el examen técnico jurídico de las pruebas contenidas en los expedientes de las investigaciones realizadas desde 1993 por la procuraduría de Chihuahua, pero ese examen no ha conducido a nuevas investigaciones completas que incluyan nuevos interrogatorios a los testigos, así como recopilación de otras pruebas". Insistió: "Las investigaciones de la procuraduría estatal están incompletas, hay omisiones, están en muchos casos mal hechas, y no se repusieron los procedimientos de investigación".

AI subraya que el informe referido determinó que 177 funcionarios estatales eran posiblemente culpables de negligencia u omisión en las investigaciones originales, y a pesar de ello, ninguno ha sido llevado ante la justicia por las autoridades estatales, ya que se ha argumentado la prescripción de los delitos.

Cuestiona la metodología de la PGR, pues no se ha transparentado ni se observa que se haya tomado en cuenta la perspectiva de género; tampoco ha facilitado el acceso a los expedientes de los casos a fin de que ese trabajo esté abierto a evaluación imparcial. Por ello, "la PGR no subsanó algunas de las deficiencias que presentaban las investigaciones originales".

AI apunta que, aunque la PGR señala las limitaciones impuestas por la estructura judicial, "consideramos que eso no debería ser excusa para eludir las responsabilidades, puesto que el Estado mexicano en su conjunto tiene que acatar y cumplir las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos.

María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró que el subprocurador Alvarez Ledesma "miente al afirmar que no hay desaparecidas", porque el informe de la CNDH de noviembre de 2003 subraya que de los 4 mil 587 reportes de mujeres desaparecidas, sólo había 395 expedientes, y evidencia que las autoridades estatales informaron por escrito a la CNDH que no estaban en posibilidad de saber cuál había sido el destino de 2 mil 415 casos de desaparecidas, ya que los expedientes no los tenían físicamente. Entonces, Católicas por el Derecho a Decidir cuestionó que "si sólo había 395 expedientes, qué hizo la PGR con los demás; que nos explique qué método utilizó para la búsqueda y localización de esas mujeres".

Adriana Carmona, de Justicia para Nuestras Hijas, consideró que "hubo un pésimo trabajo de criminalística que no permitió dar seguimiento a los asesinatos de mujeres. Entonces, si la PGR no enderezó las investigaciones que estaban viciadas, que tenían omisiones y donde se reconoce negligencia, cómo es que sostiene que no hay feminicidio".

El resultado que presentó la PGR resulta lamentable y gravísimo, porque continúan los asesinatos de mujeres, y sí hay feminicidio porque son asesinadas por ultraje y con odio, por ello, es necesario que se explique la metodología utilizada, porque lo cierto es que no hay resultados, no hay detenidos por esos crímenes y los funcionarios que tuvieron responsabilidad y que son más de 100 no han sido sancionados.

Añadió que la Oficina para los Derechos Humanos de América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) denunció que las familias que querían acceder al fondo de reparación de daños "se les obligó a firmar un documento en el cual renunciaban a conocer la verdad de los crímenes; eso está documentado y la PGR nada de esto dice; tampoco habla de qué se hizo para frenar la impunidad de estos asesinatos de mujeres que llevan 13 años; hay contradicciones entre el número de averiguaciones previas que atrajo la PGR, y los resultados que ofrecen, porque sólo se refieren a nueve averiguaciones previas, y quisiéramos saber cómo llegaron a la conclusión de 44 casos de mujeres desaparecidas, cuando la CNHD habla de miles, y nosotros tenemos casos de desapariciones de mujeres que ni siquiera estaban en los archivos en la procuraduría del estado".

Este informe lo único que hace es descalificar a las víctimas y con ello "representa un obstáculo serio para obtener justicia, porque niega los hechos, los crímenes de odio, a las mujeres violadas y asesinadas, los crímenes seriales, y se refiere sólo a violencia doméstica".

Amenazas de muerte

A su vez, María Luisa Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, denunció que han recibido amenazas de muerte, que ella y su madre, Norma Andrade, han sido intimidadas, acosadas para que dejen de investigar, y demandó la solidaridad de las organizaciones sociales y la intervención de la fiscal especial.

Las organizaciones consideraron lamentable que la nueva fiscal, Alicia Elena Pérez Duarte, "no se haya pronunciado contra ese vergonzoso informe que presentó la PGR; esperamos que se deslinde, porque guardó silencio en la presentación del documento, y ella sabe que es inexacto, insuficiente y que contiene omisiones y negligencia".