Servirán de prueba en la controversia interpuesta por el Senado contra el Ejecutivo
Ordena la Corte a la CFE entregar datos sobre tarifas para el campo
La información había sido rechazada como muestra por la ministra Olga Sánchez Cordero
Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte ordenaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que entregue información relativa a los precios y tarifas de la energía eléctrica en el campo, documentación que será utilizada como prueba en la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Senadores en contra del Ejecutivo federal por el presunto incumplimiento en el establecimiento de tarifas eléctricas que estimulen el desarrollo en el campo.
Los legisladores demandan la inconstitucionalidad del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, Programa Especial de Energía para el Campo y el acuerdo que regula este último en materia de energía eléctrica para uso agrícola.
El recurso de reclamación que resolvió ayer la Primera Sala tiene como origen la negativa inicial de la ministra instructora de la controversia, Olga Sánchez Cordero, de aceptar como prueba -solicitada por el Senado-, la información relativa a los precios y tarifas de la energía eléctrica para el campo, por considerar que era irrelevante para resolver el fondo del asunto.
Sin embargo, la mayoría de los ministros de la sala consideró que los documentos requeridos sí tienen relación directa con el asunto e incluso podrían influir en la resolución, ya que "determinan las políticas tarifarias que se manejan respecto del energético en su modalidad de electricidad", lo que a su vez, permitirá a los legisladores tomar una decisión respecto de si se legisla o no en materia de electricidad "al modificar constantemente los precios y las tarifas de energía eléctrica, permitiendo delimitar los cambios que indebidamente se han generado respecto de los ordenamientos establecidos".
En este contexto, los legisladores argumentan en la controversia que los estímulos energéticos agropecuarios que aplica el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda se efectúa de forma ilegal, porque dichas dependencias no están facultadas para alterar el contenido y alcance de los beneficios señalados por la ley, puesto que se desvirtúan las tarifas de estímulo para el agro, porque la facultad de las dependencias era exclusivamente la de "establecer el precio y las tarifas de estímulo".