Usted está aquí: jueves 23 de febrero de 2006 Mundo Investigará la Audiencia Nacional de España genocidio en Guatemala

La querella es de Menchú contra 8 ex mandos militares

Investigará la Audiencia Nacional de España genocidio en Guatemala

AFP

Madrid, 22 de febrero. La Audiencia Nacional de España, principal instancia penal de este país, se declaró hoy competente para investigar una denuncia por "genocidio" y "crímenes contra la humanidad" contra regímenes militares en Guatemala entre 1978 y 1986, indicaron este miércoles fuentes judiciales.

España se declaró en octubre pasado competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos fuera de las fronteras nacionales, aun cuando no haya víctimas españolas, luego que el Tribunal Constitucional aceptó una solicitud de la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz.

En esta ocasión, la sección penal de la Audiencia Nacional, reunida en sesión plenaria, desestimó el archivo de una causa iniciada por Menchú en 1999 "para que España investigue los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detenciones ilegales perpetrados en Guatemala entre 1978 y 1986".

La querella de Menchú fue rechazada en 2000 por la misma sala penal de la Audiencia Nacional, que consideró entonces que correspondía a la justicia guatemalteca juzgar los crímenes antes que a la española.

El Tribunal Supremo español se había pronunciado de la misma manera en 2003, aunque dio autorización para investigar los crímenes atribuidos a los regímenes militares guatemaltecos, siempre y cuando las víctimas fueran españolas, como el ataque a la embajada de España en Guatemala 1980 (con 39 muertos) y los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles entre 1979 y 1983.

Pero el Tribunal Constitucional estableció en un auto del 5 de octubre de 2005 que "el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales", rehusando limitar las competencias de la justicia española a los únicos crímenes cometidos contra ciudadanos españoles.

La dirigente indígena acusó a ocho ex altos mandos por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detención ilegal, entre ellos Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala en el periodo 1978-1982.

Otros que figuran en la acusación son los generales Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejías, gobernantes de facto entre marzo de 1982 y enero de 1986. Asimismo, los ex ministros de Defensa y de Gobernación, Angel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez, respectivamente.

Finalmente, Germán Chupina, ex director de la Policía Nacional; Pedro García Arredondo, ex jefe del comando seis de ese cuerpo, y Benedicto Lucas García, ex jefe del estado mayor del ejército.

 
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