Usted está aquí: sábado 25 de febrero de 2006 Política Sorpresa e inconformidad en el Congreso por la respuesta

"Inaceptable, que la SCJN no sepa qué pasa en el país"

Sorpresa e inconformidad en el Congreso por la respuesta

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

Aunque sorprendió e inconformó a diputados y senadores del PAN y del PRD la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso para que sustente su solicitud de investigar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, los legisladores respondieron que harán llegar las pruebas solicitadas.

En San Lázaro, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Pablo Gómez, criticó con severidad la actuación de la Corte ante las evidencias que revelan la colusión entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif para violar los derechos humanos de la periodista.

"No acepto que la Corte viva en una torre de Babel, que no se dé cuenta de lo que está pasando en su país", agregó al enterarse que el máximo tribunal fijó un plazo de 10 días al Congreso para que presente pruebas que acrediten la demanda de investigar al gobernador de Puebla.

"¡Que prendan la televisión, que escuchen la radio, que lean los periódicos o que le pregunten a sus vecinos qué es lo que está pasando en el país! No puede haber una actitud de indolencia. Si hay un escándalo y le pide el Poder Legislativo a la Corte que coopere para que el Estado mexicano enfrente con eficacia el escándalo, no veo por qué se deba negar. Así de sencillo."

Agregó: "Nosotros simplemente le estamos remitiendo los indicios que tenemos de un escándalo nacional, y creo que la Corte debe hacer un esfuerzo para esclarecer qué hay detrás de ese escándalo". Lo que el Congreso le pide "es precisamente que investigue".

Y es que el argumento de la SCJN en torno de la ilegalidad de las grabaciones como prueba de cargo no representa para el perredista un obstáculo para llevar a cabo la indagatoria. "Nadie ha declarado y nadie ha podido acreditar el origen ilícito de las grabaciones. ¡Nadie! ¿Por qué dar por ilícito algo que también puede ser materia de la investigación?"

En el Senado, el panista Javier Corral, quien junto con el senador del PRD César Raúl Ojeda Zubieta impulsó que se solicitara la intervención de la SCJN, se mostró sorprendido por la determinación del máximo tribunal, aunque dijo que lo harán de todas formas.

"Si eso quiere, eso le daremos", agregó. Detalló que se dedicarán a reunir las evidencias sobre la grave violación a los derechos fundamentales de Lydia Cacho, así como de la colusión de las autoridades estatales de Puebla con el llamado Rey de la mezclilla para perseguir a una periodista que denunció una red de prostitución infantil.

Dijo que inclusive se están generando las condiciones para demandar que se declare la desaparición de poderes en Puebla, luego de las muchas evidencias sobre la "complicidad brutal" de Marín con protectores de pederastas.

Por separado, el senador del PRI Humberto Roque Villanueva consideró que la SCJN actúa con pulcritud jurídica, y ahora ambas cámaras tendrán que hacer llegar las pruebas necesarias, toda vez que las grabaciones no tienen valor probatorio.

A su juicio, en estricto sentido no era necesario que el Senado adjuntara evidencias a su demanda, ya que está toda la información difundida por los medios de comunicación. Ahora, sin embargo, deberá hacerlo y parte de las evidencias podría ser el testimonio de Cacho Ribeiro.

Irónico, agregó que el PRD y el PAN no van a dejar el asunto en paz, debido a que es muy rentable políticamente.

En entrevista aparte, el senador panista César Jáuregui recordó que el artículo 97 constitucional obliga a la Suprema Corte a intervenir en el caso de violaciones a los derechos humanos, a petición del Presidente de la República o una de las dos cámaras del Congreso. "Aquí fueron ambas las que solicitaron que interviniera, y me parece muy difícil que el máximo tribunal pudiera rehusar hacer dicho análisis, que es importante, pues serviría de base para llevar a juicio político al gobernador de Puebla".

Se trata de un asunto que compete a todos los poderes, "que debe castigarse, o de lo contrario el desprestigio para todo el sistema político, para la democracia, seguirá acentuándose", destacó.

 
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