Coahuila: la otra cara del paraíso
Coahuila es un estado de empuje y de contrastes, donde la historia de México registra el protagonismo de las luchas obreras, campesinas y estudiantiles. El reparto agrario de 1936, resultado de la movilización de sindicatos agrícolas y la actitud comprometida del general Lázaro Cárdenas, constituyó momento clave en la transformación de la Comarca Lagunera y una demostración de la capacidad organizativa campesina coahuilense. De 1950 se recuerda la huelga y caravana de los 5 mil mineros de Nueva Rosita, Cloete y Palau, quienes caminaron durante tres meses hasta el Distrito Federal, donde Miguel Alemán se negó a recibirlos, para después reprimirlos y despedirlos de su trabajo. Son memorables también las grandes movilizaciones urbanas de los setentas en Torreón y Saltillo, demandando un pedazo de tierra para construir una vivienda, así como la lucha de los obreros de Altos Hornos en Monclova. Y están también las movilizaciones estudiantiles, primero por la autonomía universitaria en 1973 y luego, en 1984, la marcha a la ciudad de México por la dignidad de la máxima casa de estudios, y la huelga de Cinsa-Cifunsa, en 1974, contra el charrismo sindical y por una revisión justa del contrato colectivo de trabajo. Todas ello da cuenta de la combatividad de los coahuilenses.
La pujanza económica y el progreso de Coahuila se debe esencialmente a sus trabajadores del campo y la ciudad; sin embargo, no han sido los beneficiarios de la riqueza producida por sus manos. Una casta de empresarios locales, nacionales y extranjeros, apoyados en lo general por una mediocre clase política, han usufructuado los beneficios producidos por los coahuilenses.
Hasta hace unos días, la mención del estado de Coahuila en los medios de comunicación había sido más bien escasa. Quienes detentan el poder económico y político arreglaban sus diferencias entre familia, ya que el PAN y el PRI se reparten, con singular alegría, el Estado como botín. Ambos toleran, fomentan y protegen a los líderes charros, ya que conciben la democracia como un asunto de dinero y marketing político, por lo que los temas cotidianos se resuelven en la medida que beneficien a familias de abolengo y a la mediocre clase política coahuilense.
Mientras la inmensa mayoría de los jóvenes no encuentra alternativas para el estudio o un trabajo bien remunerado, son cautivados por la tentación de las adicciones o una vida breve y fácil en el narco. Los obreros viven al día entre la desazón y la desesperanza, atrapados por "líderes sindicales" que ni conocen ni eligieron. La "nueva cultura laboral" es el disfraz de una nueva y mayor explotación, donde no hay derecho a la organización sindical ni a las prestaciones de ley, mucho menos a un trato digno.
En ese contexto el desastre minero de Pasta de Conchos los agarró con los dedos en la puerta. De repente el país entero se dio cuenta de que en Coahuila, que presumía de progreso y de contar con un nivel superior de vida al promedio nacional, hay trabajadores malpagados que para sobrevivir deben arriesgar la vida todos los días.
Una concatenación de circunstancias provocó la tragedia de los 65 mineros, la mayoría de los cuales fueron contratados bajo el esquema outsourcing (subcontratación); es decir, eran doblemente explotados: primero por los capitalistas del Grupo México, pero también por los contratistas privados de este esquema tan útil para evadir chocantes obligaciones patronales como proporcionar seguro médico, prima vacacional, reparto de utilidades, horas extras, todas esas molestas concesiones arrancadas por la clase proletaria a lo largo de la historia, que hoy constituyen los últimos baluartes de la lucha de clases, cuyo desenlace, al menos hasta ahora, se traduce en pérdidas para los trabajadores.
Sobre la tragedia, algunos apologistas del modelo neoliberal ya han levantado la voz para alertar por el potencial cierre de la mina, en un entorno regional de falta de empleo y depresión salarial. Como corolario de su brillante postulado, terminan lamentando que la falta de voluntad para aprobar las "reformas estructurales" ocasione que las inversiones se vayan de México hacia otros países más fértiles para la explotación humana.
El accidente ha despertado la indignación social contra el gobierno federal, los capitalistas explotadores de la mina y el sindicato respectivo. Asimismo, provocó acusaciones cruzadas donde todos los beneficiados del trabajo de los mineros eluden su responsabilidad y aprovechan la ocasión para los ajustes de cuentas, mientras las familias de los mineros fallecidos sufren la ausencia y la desesperación de sus padres, hermanos y esposos. El llanto de los deudos no conmueve a los dueños del consorcio capitalista, donde el principal accionista, Germán Larrea, es parte de las 500 personas más ricas del mundo, y no ha dado la cara para dar una explicación de lo ocurrido a la sociedad mexicana ni mucho menos a las familias de los mineros fallecidos.
En medio de este concierto de desatinos y vulgaridades, la única voz sensata en fondo y forma ha sido la del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien a pesar de haber tomado posesión recientemente, ha asumido una firme defensa de las familias de lo mineros y una postura digna frente al desparpajo del gobierno federal y las maniobras distractoras y dilatorias de los dueños del consorcio minero. De él dependerá en mucho el futuro del estado, sobre todo de un recambio de las relaciones Estado-sociedad, donde se reconozca al pueblo como principal protagonista de los cambios que reclama el estado de Coahuila. Tiene la oportunidad histórica, ojalá no la desaproveche.