Demandan la entrega de edificios pertenecientes a tres secciones desaparecidas
Ex dirigentes mineros exigen cerrar yacimientos que son una trampa mortal
En Pasta de Conchos algunos deudos constatan que el rescate de cuerpos no será fácil
Ex líderes de las secciones 66, 67 y 68 del sindicato minero, que tuvieron su sede en Monterrey, Nuevo León, exigieron al gobierno federal que en lugar de otorgar concesiones a sus amigos para la explotación de metano, clausure los yacimientos que constituyen una "trampa mortal", como Pasta de Conchos.
Demandaron además a la directiva sindical la entrega de los edificios de las citadas secciones que desaparecieron, los cuales -dijeron- son utilizados con fines de lucro por los líderes charros de la organización, sin rendir cuentas a los agremiados.
Comentaron que en esas instalaciones que les fueron otorgadas como parte de las luchas que dieron en la revisión de los contratos colectivos, pretenden desarrollar talleres para ofrecer diversos servicios a la población y abrir cooperativas de consumo, que les permitan sobrevivir y mantener a sus familias.
Los ex secretarios generales de las secciones 67 (Fundidora Monterrey) Jesús Medellín González, 68 (Aceros Planos) Pedro Obregón Sandoval y 66 (Industrial Minera México) Antonio Acosta Herrera, cuestionaron a los dirigentes que salieron en defensa de Napoleón Gómez Urrutia, "quizá porque algunos de ellos, como Francisco Hernández Juárez, también se han eternizado en sus sindicatos".
Uno de los ex líderes señaló que en junio de 2005 solicitó a Gómez Urrutia la entrega del inmueble de la sección 66 del sindicato minero, construido en un terreno cedido hace más de 30 por la empresa Industrial Minera México -propietaria de la mina Pasta de Conchos-, en la colonia Asarco.
Sin embargo, dijo, la propiedad no se ha escriturado al sindicato por culpa de un alto funcionario de esa compañía, de nombre Gabino Paéz González, quien "está en contubernio" con Gómez Urrutia para que dos salones que pertenecieron a esa sección se renten para fiestas y actos sociales, y se dividan ambos los ingresos.
En tanto, en San Juan de Sabinas, Coahuila, dos deudos de los 65 mineros muertos ingresaron al yacimiento donde se encuentran los cuerpos de sus familiares, y constataron que el rescate de los mismos tardará hasta seis meses, debido a la magnitud de los derrumbes que provocó la explosión ocurrida hace tres semanas.
Francisco Hernández, hermano de uno de los fallecidos, dijo que sólo pudieron llegar a la diagonal tres, debido a que hay un derrumbe muy grande, y para avanzar más allá se deben retirar los escombros ocasionados por la detonación, trabajo que demoraría de tres a seis meses.
Frente al resto de los deudos que se concentraron a unos metros de la entrada de la mina, el también minero agregó que las concentraciones de gas metano "estaban muy arriba", y consideró que lo que hizo Industrial Minera México al permitir el ingreso de rescatistas "fue arriesgar la vida de más personas".
Por la mañana, guardias de seguridad de la empresa evitaron que las familias agredieran al gerente de la planta carbonera, Rubén Escudero, cuando les informaba nuevamente que las labores de rescate eran muy difíciles. Por ello permitieron la entrada al yacimiento de dos de los inconformes.