DIRECTORA GENERAL CARMEN LIRA SAADE
   

DIRECTOR FUNDADOR CARLOS PAYAN VELVER
SUPLEMENTO MENSUAL  DIRECTOR: IVAN RESTREPO  
EDICIÓN: LAURA ANGULO   LUNES 27 DE MARZO 2006 
NUMERO ESPECIAL


  Portada

Repitiendo la misma historia autoritaria: La Parota
Magali Tirel

CFE: cambio a reversa o la "nueva" vieja política de desalojos forzosos
Scott S. Robinson

La Parota, asunto de "utilidad pública"
Priscila Rodríguez Bribiesca

Presa La Parota, la resistencia en Guerrero
Gustavo Castro Soto

Repensando el proyecto de la presa
Scott S. Robinson y David Barkin

"Aquí estamos desde que abrimos los ojos al mundo"
Rosalinda Hidalgo y Martha Peral

III Encuentro Latinoamericano contra las Represas


Correo electrónico:

cecodes@laneta.apc.org

 

  

Presa La Parota, la resistencia en Guerrero

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, AC
ciepac@laneta.apc.org
Miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) http://www.rmalc.org.mx

Más de 590 viviendas pretende inundar el gobierno. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta sólo 2 mil 812 habitantes que serían desplazados, varias comunidades rebasan, cada una, esa cifra. Sin embargo, los pobladores saben cuántos son: más de 20 mil habitantes de 13 poblados ubicados en tres municipios del estado de Guerrero que tendrían que abandonar sus lugares.

De estos terrenos ejidales y comunales, el 76 por ciento de su población se dedica a la actividad agrícola. El embalse cubriría 13 mil 728 hectáreas de superficie. La capacidad del embalse es tres veces menor que la presa La Angostura; dos veces que la presa Malpaso; pero cuatro veces más grande que la de Chicoasén; y más grande que la presa proyectada de Itzantún, todas ellas en Chiapas.

En el documento Proyecto hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fechado en el 2002, se establece que el proyecto hidroeléctrico se basará en ciertos principios de relación con la sociedad: equidad social, sustentabilidad, eficacia en las acciones, toma de decisiones participativa y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos.

La Parota es calificada por la CFE como "una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del país", y estaría ubicado en la cuenca del río Papagayo a 350 km al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 km del puerto de Acapulco.

La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura y se uniría a las más de 45 mil represas que se han construido en todo el mundo, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, y que han represado más del 60 por ciento de los ríos del planeta.

Sus 765 MW de potencia instalable nuevamente se centran en el modelo de desarrollo neoliberal, en el marco del Plan Puebla-Panamá (PPP) y con el objetivo de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos. Los megaproyectos hidroeléctricos pretenden también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana.

Breves antecedentes

En 1976, la CFE inició los estudios técnicos en el sitio La Parota y en 1988 terminó el estudio de factibilidad geológica. Hace más de 20 años, entre 1983 y 1984 realizó el estudio socioambiental de la región y que luego actualizó en 1994. La CFE cuenta ya con el estudio de factibilidad técnico-económica y de preconstrucción.

Según la Comisión sus "prioridades estratégicas" respecto a la construcción de la hidroeléctrica son: información permanente y participación sistemática con las comunidades; evaluar exhaustivamente las acciones; preservar los medios de subsistencia; reconocer derechos patrimoniales; proporcionar beneficios comunes; y asegurar se cumplan con las normas.

Destaca además tres retos: que La Parota sea "socialmente deseable"; "ambientalmente sustentable" y "económicamente rentable". Paralelamente, la CFE calcula que la producción afectable serán 320 hectáreas de cultivos frutícolas y 3 mil 500 hectáreas de cultivo. Además inundaría dos puentes carreteros sobre los ríos Omitlán y Papagayo; 16.6 km. de carreteras pavimentadas; 22.8 km. de caminos de terracería; 31.5 km. de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y la misma central hidroeléctrica La Venta.

No hay que olvidar que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50 por ciento de los humedales en el mundo se hayan extinguido, y que al menos el 20 por ciento de los peces están en peligro de extinción.

Para la Red Internacional de Ríos (IRN por sus siglas en inglés) hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas. A nivel mundial, el 67 por ciento del agua es usado por la agricultura, sector que más desperdicia el líquido; y el 19 por ciento lo ocupa la industria altamente contaminante.

En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36 por ciento han sido construidas para la irrigación; el 20 por ciento para generar energía; el 17 por ciento para abastecimiento de agua; el 12 por ciento para controlar las inundaciones; el 9 por ciento para la recreación y el 6 por ciento para otros usos.

Otros estados en el país no se han salvado de los efectos de las represas. En agosto de 2002 se decretó la alerta máxima en Zacatecas y San Luis Potosí por el desbordamiento de las presas La Ventanilla y El Capulín. Más de 3 mil damnificados, 13 muertos y 15 desaparecidos fue el saldo en varias comunidades luego que las presas se rompieran por la presión del agua.

Un año después, en septiembre de 2003, alrededor de 5 mil personas fueron evacuadas de varias comunidades en el estado de Nayarit ante el peligro de desbordamiento de la presa Aguamilpa. En el estado de Nuevo León, más de 10 comunidades fueron afectadas por la apertura de las compuertas de la presa El Cuchillo para evitar su desbordamiento y rompimiento. En Acámbaro, Michoacán, más de 200 viviendas fueron arrastradas por el agua al abrir las compuertas de la presa Solís.

Se calcula que para el 2010 se terminaría la construcción de la presa La Parota, año en que la mayoría de las presas del país habrán cumplido su vida útil de 50 años.

Estos megaproyectos del sexenio de Vicente Fox se contextualizan también en el marco de la gran obra hidroeléctrica de El Cajón en el estado de Nayarit, de la ampliación de la presa Benito Juárez en Oaxaca y de los proyectos hidroeléctricos en Chiapas, así como de la privatización de la energía eléctrica y los contratos millonarios que están logrando las grandes compañías transnacionales españolas, alemanas, japoneses y norteamericanas, entre otras.

En el estado de Guerrero ya existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). Para el año 2000 aportaban el 9.2 por ciento de la producción eléctrica total del país y el porcentaje de electrificación fue de 47.9 por ciento ocupando el lugar 25 a nivel nacional. Guerrero, junto con los estados de Oaxaca y Chiapas, son las entidades del país en la que menos energía eléctrica cuentan los habitantes en sus domicilios.

La banca internacional ha sido el instrumento para la financiación de las grandes represas que además han endeudado a los países. También va aparejado con el enriquecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y la privatización de la infraestructura, de la energía eléctrica y del agua. Ninguna hidroeléctrica ha logrado producir la energía proyectada y, por lo general, los costos han aumentado hasta en un 56 por ciento de lo estimado inicialmente.

Del mismo modo, el tiempo real de construcción siempre se ha sido mayor en meses y hasta en años al calculado en su planeación. Por otro lado, el calentamiento global, el cambio climático y los largos periodos de sequías han alargado el periodo de llenado de los embalses lo que pone en duda su rentabilidad y la consecución de su financiamiento.

Si a ello le sumamos el desplazamiento de la población, la alteración de ecosistemas, la contribución del efecto invernadero, la desaparición no sólo de peces y otros animales y vegetación sino hasta de culturas y monumentos históricos; la disminución o casi desaparición del agua río abajo y la afectación río arriba, y hasta la conversión de grandes territorios secos por la alta concentración de sales, entre otros efectos, necesariamente nos lleva a reconsiderar las grandes represas y en su lugar buscar nuevas alternativas de energía eléctrica bajo otro modelo de desarrollo.

La Parota significará un grave deterioro ambiental con la deforestación además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al puerto de Acapulco. Por ello, los pobladores manifestaron: "defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la Comisión Federal de Electricidad".

La CFE oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental elaborados por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parten de parámetros sesgados para hacer el estudio. Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 20 mil personas? ¿A los Estados Unidos?

Este proyecto ha generado movilizaciones sociales en al menos 10 poblados exigiendo información que el gobierno se niega a dar. En el mes de octubre de 2003 la movilización tuvo una sola demanda: detener la hidroeléctrica. Más de 3 mil campesinos iniciaron las protestas contra la represa y dispuestos a morir en defensa de sus tierras y comunidades. "Ni un paso atrás contra la presa La Parota" y "estamos dispuestos a morir por la tierra" fueron algunas de las consignas apoyadas por organizaciones sociales, colonos, taxistas, universitarios y militantes de partidos políticos quienes se sumaron al apoyo de los campesinos que serán afectados.

En pocas semanas, más de 30 mil personas se manifestaron en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Los manifestantes han bloqueado la entrada a la zona de la represa. La estrategia gubernamental fue crear grupos de choque e iniciar la contratación de personal para la construcción y dividir a la población informando también de los supuestos "beneficios" que traería la presa La Parota.

Hace tres meses, la población opositora al proyecto logró que se suspendiera una asamblea comunal cuyos líderes pretendían otorgar la aprobación para continuar con los estudios y el proyecto de la represa, protegidos por 50 elementos de las policías del estado de Guerrero, Preventiva y Rural. Sólo 395 comuneros de los 7 mil 825 de la región pretendían dar la autorización. Luego de cuatro horas de discusión y conatos de violencia se decidió suspender la asamblea. Aunque los machetes no se blandieron, la situación sigue siendo tensa.

Los poblados y comunidades en resistencia han logrado detener las máquinas que comenzaban a trazar caminos para la entrada y salida de material y equipo de construcción. Se le exigió a la CFE que pagara los destrozos de los trabajos iniciados y la población ha logrado detener su avance.

Se ha exigido también a la CFE el pago adeudado desde hace 46 años por los terrenos utilizados para la construcción de la presa La Venta que ahora quedará totalmente cubierta por La Parota. Tampoco se ha indemnizado a los afectados desde hace 23 años por la construcción de la presa El Caracol y 20 años a los desplazados por la represa Petacalco.

El Consejo General de Comunidades Inconformes con el Proyecto La Parota manifiestan que "el impacto ecológico será irreversible en nuestras selvas tropicales de la región. Pedimos que abran los ojos y entiendan que no habrá progreso sino más pobreza, porque lo único que generarían sería más de 25 mil desplazados".

El problema es mundial. En días pasados en Brasil, el Movimiento Nacional de los Damnificados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) denunció que 100 mil familias pretenden ser expulsadas de sus tierras a causa de las 70 grandes represas proyectadas para los próximos tres años por el gobierno del presidente Lula.

Actualmente en Brasil existen más de dos mil represas que han provocado el desplazamiento de un millón de personas equivalentes a 300 mil familias; han inundado 34 mil kilómetros cuadrados que equivalen a 3.4 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio del estado de Chiapas.

Las represas hidroeléctricas en Brasil proporcionan el 89 por ciento de la energía del país. Sin embargo, más de 20 millones de personas, equivalentes a cinco millones de casas habitación, no cuentan con energía eléctrica. Mientras tanto, la industrias de propiedad extranjeras pagan proporcionalmente 10 veces menos que la población por megawatt de energía eléctrica. La gran mayoría de las familias quienes han sido desplaza de sus tierras para construir las represas no han recibido apoyo por el traslado forzoso, y el 70 por ciento no han recibido ningún tipo de indemnización.

Los ríos son para el planeta como la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Tenemos que dejarlos libres, que fluyan, que corran, que den vida. El impacto por su represamiento nos obliga a construir alternativas de desarrollo realmente sustentable. Los efectos de las represas nos afectan a todos los pueblos del mundo de manera directa o indirecta.

Necesitamos generar un proyecto que de esperanza y vida, no de muerte y desolación a costa del desplazamiento de población y más pobreza humana y medioambiental.

 


Presa de Chicoasén