ONG, radiodifusores culturales y académicos exigen a los candidatos deslindarse
La nueva ley de radio y tv, el ''más duro golpe a la soberanía del Estado''
Organizaciones civiles, las 49 integrantes de la red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, así como más de 200 intelectuales, académicos y especialistas exigieron a los candidatos a la Presidencia y al Congreso manifestarse en contra de la llamada ley Televisa por significar el ''más duro golpe a la soberanía del Estado'' en materia de telecomunicaciones, violar la Constitución y pretender un ''sobrecontrol'' de las instituciones mexicanas.
De no deslindarse de este proyecto y pedir su revisión, advirtieron, quedará en entredicho su respeto por el estado de derecho, la democracia y la soberanía.
Al alertar sobre algunos de los riesgos de esta minuta, indicaron que el próximo presidente quedaría ''maniatado'' por los poderes fácticos de los grandes consorcios televisivos y, por otro lado, implicaría una ''acta de defunción'' para las radios educativas y culturales.
En conferencia de prensa en la que convocaron a una movilización que se efectuará hoy a las 8 de la mañana frente a la torre de El Caballito, en Paseo de la Reforma, Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, expresó que esta ley responde a una ''visión electorera'' y vulnera los derechos fundamentales de todos los mexicanos, al no garantizar el servicio y la función social de los medios electrónicos. Por ello expresaron su condena a esta iniciativa.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, manifestó que la obligación constitucional del presidente Vicente Fox es ejercer la facultad de veto a este proyecto por atentar contra el bien público. El Ejecutivo juró cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, recordó.
Por otro lado, añadió, esta iniciativa es ''un fraude electoral indirecto contra el pueblo mexicano'', porque se pretende hacer pasar la ''democracia de la televisión'' por la democracia del pueblo.
Sin embargo, dijo, es falso que la democracia del 2 de julio sólo ''va a pasar por las pantallas televisivas''. Pensar de esta forma no sólo es inmoral sino ilegal, enfatizó. Dijo que esta iniciativa es una ''caricatura de ley'', porque lejos de ser una norma que busque el bien de todos, sólo pretende el bien de algunos sectores que han tenido acceso al uso y disfrute de las ondas radioeléctricas, que son patrimonio de la nación.
Por lo anterior, Miguel Concha manifestó que si los candidatos presidenciales y los representantes populares realmente buscan el voto de la ciudadanía y respetan la democracia y el estado de derecho, deben deslindarse de la minuta. De lo contrario, ''no tiene caso que votemos por ellos''.
Por su parte, Alma Rosa Alva de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Asociación de Investigadores de la Comunicación, enumeró algunos de los riesgos de la iniciativa, tales como cancelar para los próximos años la posibilidad de contar con auténticos medios públicos; condenar a los medios educativos y culturales a la desaparición; despojar al Estado mexicano de recursos financieros al no considerarse el pago de los derechos de los consorcios televisivos para la operación de servicios como Internet y telefonía celular; acentuar los esquemas de concentración en manos de los oligopolios, y alejar la posibilidad de una sociedad de la información más equitativa y democrática.
A su vez, Clara Jusidman, presidenta de Incide-Social, expresó que el proyecto implica un grave riesgo al sistema de partidos, porque cada vez más se reacciona a lo que piden los poderes fácticos. También, agregó, es una traición hasta para la historia personal del presidente Fox, porque él llegó al poder como resultado de una lucha democrática.
Eréndira Cruz y David Peña, del Centro Nacional de Comunicación Social, expresaron que al violentar preceptos fundamentales de la Constitución, como los de no fomentar el monopolio y la competencia desleal, se interpondrán denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes.