Editorial
Senadores que regalan bienes nacionales
En la sesión de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos celebrada anteayer en el Senado, una pequeña mayoría de legisladores dio luz verde a un indignante despojo a la nación: la minuta de reformas a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados por vergonzosa unanimidad: por ineptitud o por intereses inconfesables, los representantes populares priístas, panistas, perredistas y de partidos menores encontraron entonces aceptable y recomendable que el Estado cediera su dominio sobre el espectro radioeléctrico al duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca; respaldaron la plena indefensión de los medios electrónicos de carácter gubernamental, social y educativo únicos y famélicos contrapesos al entretenimiento comercial hegemónico; dieron su visto bueno a la marginación del conjunto de la sociedad de las nuevas modalidades de telecomunicaciones derivadas de la digitalización, y juzgaron conveniente que las arcas nacionales se vieran privadas de recursos equivalentes a miles de millones de dólares.
La supeditación del PRI y el PAN a los intereses de los grandes capitales y el nulo interés de ambos partidos por defender la integridad de la propiedad pública son hechos de sobra conocidos y no cabía, en consecuencia, sorprenderse de que los diputados de esas formaciones aprobaran la reforma mencionada. Fue desolador e inesperado, en cambio, que se les hayan sumado los legisladores perredistas, quienes en el discurso se manifiestan por detener el saqueo y las privatizaciones de los bienes nacionales que vienen perpetrándose desde hace tres sexenios.
Esta semana, senadores tricolores y blanquiazules renunciaron a su condición de representantes de la sociedad, optaron por convertirse en operadores de Televisa y Tv Azteca pagados, para colmo, con recursos públicos y votaron en silencio y sin argumentos la minuta infame, la cual llega hoy a la discusión en el pleno, donde al parecer está ya preparada la maquinación para aprobarla por mayoría.
A las presiones discretas o públicas ejercidas en semanas anteriores por el duopolio televisivo sobre legisladores, analistas "independientes" y organismos diversos para lograr el apoyo requerido a la iniciativa se sumaron pronunciamientos editoriales en los noticiarios principales de ambas corporaciones, en los cuales se dio muestra de intolerancia, soberbia y mendacidad; se presentó como "avance de la transparencia" lo que es, en realidad, el botín de la victoria del poder económico privado sobre el poder público de las instituciones.
Ha de recordarse, para ilustrar el tamaño del saqueo que está a punto de perpetrarse, que el espectro radioeléctrico forma parte de la propiedad pública cuya custodia se entrega al Estado, al igual que el territorio nacional, el mar territorial, el espacio aéreo y el subsuelo. La expansión de ese espectro, como resultado de la digitalización a las señales analógicas se suman ya las digitales, lo que implica un incremento de las frecuencias disponibles, debe ser objeto, asimismo, de la tutela estatal y de una distribución equitativa a los diversos actores sociales y económicos interesados en utilizar diversas modalidades de telecomunicaciones. Pero las reformas legales que pretende imponer el duopolio televisivo implican la renovación gratuita, casi indefinida y carente de fiscalización pública, de sus concesiones actuales; dejan fuera de la competencia a los medios electrónicos públicos, sociales y educativos, marginan a los concesionarios medianos y pequeños y reducen al mínimo las posibilidades de que nuevos actores se incorporen a las telecomunicaciones. El negocio fácil y multimillonario para Televisa y Tv Azteca tiene como correlato la supresión de la pluralidad en la radio y la televisión, la extinción de medios alternativos y un grave quebranto para las arcas nacionales.
Las dimensiones del desfalco han generado un extendido y mayoritario rechazo que comparten organismos gubernamentales, como el Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11 y Radio Educación; entidades universitarias, como Tv UNAM, asociaciones de medios privados y comunitarios, académicos, productores independientes, cineastas, trabajadores de la industria de la radio y la televisión, organizaciones sindicales y organismos como el Instituto Federal Electoral. Hasta la representación en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el alcance devastador e ilegal, ante instrumentos internacionales que tendría semejante distorsión de las regulaciones legales en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.
Resulta imperativo, en consecuencia, formular una última apelación a la conciencia de los senadores, en cuyas manos está la posibilidad de detener este atropello.