AMIC: Fox, irresponsable; "nada de a muertito"
Emisoras educativas anuncian una "cascada de amparos"
La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México -que agrupa a 49 medios públicos de comunicación en todo el país- y la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación (AMIC) anunciaron ayer que interpondrán todos los recursos legales a su alcance para evitar que entren en vigor las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que se prevé que sean aprobadas hoy en el Senado de la República.
Además, difundirán con todos los medios y herramientas a su alcance "los graves errores" y "las violentas omisiones e imprecisiones" de dicha reforma, "que da la espalda a la sociedad, demuestra el abandono de las responsabilidades de Estado a cargo del gobierno federal y permite la privatización de un bien público, como es el espectro radioeléctrico".
A estas acciones se suman medios vinculados con el gobierno, como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo director, Julio di Bella, mantiene estrecha relación con el presidente Vicente Fox desde los tiempos en que el entonces gobernador de Guanajuato lo nombró responsable de la radio y la televisión estatales.
Las acciones legales en estudio van desde el amparo hasta la interposición de controversias constitucionales, con el propósito de evitar que la ofensiva del duopolio televisivo cierre las puertas a los procesos democráticos y a la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación. Además se hará pública la lista de los presuntos representantes populares que, sin siquiera haber leído la minuta, pretenden aprobarla.
El director de Tv UNAM, Ernesto Velázquez Briseño, reveló que los miembros de la red de medios de comunicación públicos "vamos a recurrir a todos los recursos legales y a todas las herramientas a nuestra disposición" para impedir la aplicación de las reformas presentadas ya a los senadores en primera lectura, que hoy se someterán al pleno en el recinto de Xicoténcatl. La red está compuesta por 23 radiodifusoras y 26 televisoras, que incluye las estaciones del IMER, Canal 11, Canal 22, Radio UNAM y los sistemas de radio y televisión con que cuentan la mayoría de los estados de la República.
Informó que la red se está movilizando para realizar una amplia campaña contra la reforma y para hacer ver al Senado "el atropello, el atentado" que significa aprobar esa reforma. Asimismo, indicó que ya efectúan consultas legales "para determinar qué recursos tenemos, con cuáles podemos contar, entre ellos una cascada de amparos ante autoridades federales en nuestra calidad de asociación civil, sin menoscabo de lo que ocurra en el Senado.
"Estamos obligados a presentar nuestra oposición a una reforma que contiene graves errores y violentas omisiones, entre ellas la intención de suprimir la posibilidad de que permisionarios -como somos los miembros de la red- dedicados a la difusión de la educación y la cultura podamos acceder a la conversión tecnológica, es decir, pasar de los sistemas analógicos a los digitales".
Por su parte, Aimée Vega Montiel, presidenta de la AMIC y profesora-investigadora en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que la agrupación analiza el espectro de recursos legales a los que podrá recurrir "para frenar una ley que da la espalda a la sociedad", incluyendo controversias constitucionales.
"Otro de los recursos -añadió-, pero que suena a utopía por los antecedentes que todos conocemos, es que el presidente Vicente Fox hiciera uso del veto constitucional al que tiene derecho. Pero cierto es que ya puso en claro que nada de a muertito, en una actitud irresponsable de sólo esperar a ver qué pasa".
Y puntualizó: "Ahora resulta que elegimos a personas sin capacidad de tomar decisiones sobre el futuro del bienestar social". Dijo que, en colaboración con abogados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, se estudian las vías legales para impedir la puesta en marcha de las reformas.