Reactivarán estudio de órdenes de captura

El estudio de las órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otros seis ex funcionarios y militares, acusados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de ser los artífices de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, se reactivará la próxima semana.

El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo terminó el pasado martes el engrose (corrección) del expediente relativo a ese caso, mismo que desde hace seis meses ha permanecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, los 36 tomos que integran el expediente de la matanza en Tlatelolco serán enviados al segundo tribunal unitario, a más tardar la próxima semana, para que el magistrado José Angel Mattar determine si hay elementos para librar las ordenes de captura que pidió el fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

El 21 de septiembre de 2005, el juez 15 de distrito del Reclusorio Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, negó las órdenes de aprehensión contra Echeverría; el ex procurador de la República Julio Sánchez Vargas (quien falleció en diciembre de ese año); los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal, y Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger los cadáveres en Tlatelolco, así como Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público. Fueron acusados por la Femospp de genocidio y desaparición forzada.

Carrillo Prieto interpuso recurso de apelación, que recayó en el segundo tribunal unitario, pero la Procuraduría General de la República pidió a la Corte que atrajera el asunto por su "trascendencia nacional".

En votación dividida de tres contra dos, el pasado 11 de enero la primera sala de la Corte determinó no ejercer su facultad de atracción para conocer el recurso de reclamación. La mayoría de los ministros desechó los argumentos de Juan Silva Meza, único ministro penalista con que cuenta el máximo tribunal.

Alfredo Méndez