Solicitan a la CIDH adopte medidas cautelares
En grave riesgo, garantías fundamentales, alertan ONG
Diversas organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adopte medidas cautelares ante la aprobación de la ley Televisa, con objeto de ''evitar daños irreparables'', ya que al aprobarse las modificaciones a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, ''se violarían garantías fundamentales'', como las libertades de pensamiento y de expresión, así como el derecho a la información.
Estas garantías están amparadas en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con base en diversos puntos las organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitaron que la CIDH pida al gobierno de México evite que se concrete una legislación ''contraria a los principios establecidos en el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos'', y que brinde su apoyo para realizar una ley acorde a los estándares internacionales.
Argumentaron que no obstante que México ha firmado diversos compromisos internacionales, éstos no son tomados en cuenta para el desarrollo de dichas leyes. Asimismo agregaron que al ser aprobadas esas modificaciones ''no solamente se estarían violando una serie de disposiciones constitucionales, incluidas garantías individuales como los derechos a la libertad de expresión y a la información, así como el derecho de los pueblos indígenas a la adquisición, operación y administración de medios de comunicación; también diversos derechos humanos garantizados por el Estado''. Los organismos civiles aludieron a que la CIDH ha hecho énfasis en que ''las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos''.
En ese sentido dijeron que la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que ''las subastas que contemplen criterios únicamente económicos, o que otorguen las concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores, son incompatibles con la democracia participativa y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos''.
Las modificaciones en torno a esa ley ''son un retroceso'', puesto que no sólo eliminan la posibilidad de la existencia de medios públicos y comunitarios, sino que va en contra de los principios de progresividad de los derechos humanos que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir, dijeron.
Ante este panorama, las ONG solicitaron que se elaboren medidas cautelares a toda la sociedad mexicana en su conjunto, ya que ''todos sus integrantes se encuentran en situación de igual riesgo para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y de acceso a la información''.
Afirmaron que esta solicitud no tiene de fondo un caso en concreto, sino que se dirige a la prevención de posibles violaciones de los derechos humanos, pues la aprobación de las modificaciones ''constituirá una violación a la convención y a los principios de libertad de expresión''.
En el documento, las organizaciones refirieron que si la CIDH se manifiesta, ''de ninguna manera'' tendría intromisión en la soberanía, puesto que está facultada para examinar en qué medida la legislación interna de cada país adherido garantiza y protege las garantías fundamentales de sus ciudadanos, derechos contemplados en la convención y su adecuado ejercicio. Ante la posibilidad de que el Ejecutivo argumente la división de poderes como obstáculo dijeron: ''La CIDH se ha conducido con fundamento en el artículo 28 fracción 2 de la convención, para adoptar las medidas necesarias''.