Aprueba el pleno punto de acuerdo sobre frente poblano
Pide la Cámara se informe si Marín participó en espionaje
Gobernación de la entidad se deslinda de consejo de seguridad
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Protesta del Frente Cívico Poblano frente a la Cámara de Diputados
Foto: Francisco Olvera
El pleno de la Cámara de Diputados se pronunció ayer en contra de los actos de espionaje cometidos por agentes del gobierno de la entidad contra el Frente Cívico Poblano y aprobó un punto de acuerdo en el que pide a la Procuraduría General de Justicia de la entidad informar si en esos hechos tuvieron alguna participación el gobernador Mario Marín, su secretario de Gobernación y el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El panista Rogelio Flores Mejía puntualizó que el espionaje institucional es un acto de ilegalidad, y recordó que los espías fueron identificados como personal adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Refirió que los secretarios de Gobernación y ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del estado admitieron que estaban espiando, que los detenidos cobran en el gobierno para hacer trabajos especiales y se les dota de equipo sofisticado para realizar dicha actividad.
Por su lado, la perredista Rosa María Avilés dijo que no es posible que en una situación de crisis política como la que se vive en esa entidad se utilicen recursos del erario para amedrentar a ciudadanos que hacen uso de un precepto constitucional que otorga libertad de asociación y reunión.
En Puebla, en medio del creciente descontento por el espionaje oficial al Frente Cívico Poblano, la Secretaría de Gobernación del estado se deslindó hoy de las actividades del secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, quien sin éxito ha intentado justificar las actividades irregulares para obtener información de la organización opositora al mandatario Mario Marín Torres.
Javier López Zavala, titular de la dependencia encargada de la política interior en la entidad, ratificó en entrevista que el mandatario local ordenó una investigación sobre los hechos del pasado miércoles 22 de marzo, cuando Eduardo Carlos Orellana del Pozo y Juan Fernando Cordero, empleados del Consejo Estatal de Seguridad Pública, fueron sorprendidos a bordo de una camioneta con sofisticado equipo de registro y transmisión de datos afuera del local del Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, donde se realizaba una asamblea del FCP previa a la marcha de protesta que se llevó a cabo el domingo 26 de marzo.
En una entrevista publicada el domingo pasado en El Sol de Puebla, Fernández Soto confirmó que los "supuestos reporteros" detenidos espiando al frente cívico, en realidad son elementos de su equipo que realizan trabajos de espionaje para el gobierno del estado. Sin embargo, López Zavala recordó ayer que el Consejo Estatal de Seguridad Pública es un organismo autónomo, es decir, que de ninguna manera recibe órdenes del Poder Ejecutivo.
-¿Se deslindan de Alejandro Fernández Soto?
-Totalmente. Nosotros no enviamos a nadie (...). Si alguien tuvo algún descuido y motu proprio tomó alguna decisión, que lo afronte.
Reconocimientos en San Lázaro
Los legisladores aprobaron por mayoría un dictamen para inscribir con letras de oro el nombre del Instituto Politécnico Nacional en el Muro de Honor del salón de plenos de San Lázaro. El documento señala que a 70 años de la creación de la casa de estudios, es momento de que se le reconozca su grandeza educativa, científica y cultural. Con ello se reafirma el compromiso de la Cámara de Diputados con la población para garantizar el derecho a recibir educación pública, laica y gratuita.
Más adelante, consideraron positivas las nuevas condiciones políticas generadas en España, tras el anuncio del ETA del cese definitivo de toda acción violenta. De igual manera, hicieron votos para que este hecho cristalice en una paz digna y duradera en beneficio del pueblo vasco y de la sociedad española.
En la sesión -interrumpida por los gritos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que reclamaban ser escuchados por la Comisión de Educación-, los diputados aprobaron la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, y el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, ante la comisión respectiva para que informen sobre el número de helipuertos en el Distrito Federal, su ubicación y condiciones de funcionamiento, así como potenciales de riesgo para los habitantes.
De igual manera, habrán de informar sobre el número de helicópteros susceptibles de transitar en el espacio aéreo de la ciudad y sus efectos contaminantes.
Durante el pleno, los legisladores sancionaron un dictamen mediante el cual se solicita a la Secretaría de la Función Pública que realice una auditoría integral en la operación de los recursos del programa Emprendedores con Discapacidad. También demandó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que formule una opinión respecto a los contratos suscritos entre Banco Azteca y las personas incorporadas a dicho programa, sobre todo lo referido al monto de los intereses que se cobran, el cual se presume que es de 72 por ciento anual.
Martín Hernández Alcántara, La Jornada de Oriente