Posición del Instituto de Acceso a la Información Pública
Sólo si hay denuncia se indagaría la destrucción de material del tribunal
El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de esta ciudad, Oscar Guerra Ford, consideró que este órgano podría conocer del caso de la destrucción de las grabaciones del pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) siempre y cuando haya de por medio una queja de alguna persona que se sienta afectada.
En entrevista, Guerra Ford consideró que primero hay que ver en qué situación se tiene catalogado ese material en el tribunal; posteriormente, agregó, "si una persona solicita esa información y le es negada, podrá presentar un recurso de inconformidad ante nosotros, y así nosotros iniciar la jurisprudencia correspondiente".
Sin embargo, añadió el comisionado ciudadano presidente, "sin ese proceso no podemos intervenir, porque nuestra función primordial es garantizar, precisamente, que haya acceso a la información pública".
-¿Pero qué opina de que se hayan destruido las grabaciones del TEDF?
-No emitiría una opinión, porque es un asunto del que no tengo suficiente información; no sé bien a bien qué se destruyó; además, también hay políticas en cuanto a archivos muertos.
Con todo y ello, comentó que "si la ley marca que debe ser pública (alguna información) y se destruyó, entonces sí amerita una sanción".
Al respecto, Salvador Guerrero Chiprés, comisionado ciudadano del IAIP, mencionó que en casos como el ocurrido en el TEDF hay antecedentes de destrucción de información, como ocurrió con la quema de boletas electorales de la elección presidencial de 1988, en la cual no hubo acuerdo con todos los sectores políticos involucrados.
Lamentó esa situación, y expresó que frente a esos casos sería fundamental rediscutir qué archivos deben ser abiertos y accesibles al público y qué información política (en relación con la cosa pública) debe existir ahí.
Para Carlos Reyes Gámiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, "es absolutamente incorrecto que un órgano colegiado, como el Tribunal Electoral, que tiene bajo su responsabilidad la legalidad en materia electoral en esta ciudad, decida destruir ese tipo de materiales".
De ahí que la ALDF "debe evaluar los alcances de esa medida y determinar si no hay alguna consecuencia jurídica. Frente a un hecho de esa envergadura los diputados no podemos mantenernos impávidos; tendremos que analizarlo y, si hubiera alguna cuestión de naturaleza penal, tendríamos que ponderar el impulsarla. Es importante que no se le dé carpetazo".