Inconexión
a inconexión entre el gobierno y la sociedad es un hecho evidente en México. Esta grave cuestión se advierte en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que exhibe no sólo la ineficacia de buena parte de las acciones públicas, sino también la fragilidad del sistema democrático existente.
Este rasgo de falta de conexión involucra una crónica debilidad del orden institucional, es decir: los ordenamientos, las normas, las leyes, las formas de organización y hasta las costumbres que rigen los actos de la autoridad y las pautas de la vida privada y colectiva.
La inconexión se pone de manifiesto en la corrupción, el abuso del poder y la impunidad crónicas y descaradas que acaban siempre protegidas dentro del mismo círculo cerrado del poder económico y político que se reproduce de modo constante. Se aprecia también en los crecientes privilegios de unos cuantos y, con no menos relevancia, en el achicamiento de las entidades que tienen carácter autónomo y representan a los ciudadanos.
La democracia en México se circunscribe crecientemente al aspecto más elemental que la define: depositar un voto en las urnas en fechas predeterminadas. A esta cita, por cierto, acuden cada vez menos ciudadanos, lo que reduce la legitimidad de la representación y el mandato de los votados. No logramos pasar de esta fase primitiva del modo democrático.
En caso de los legisladores el asunto es muy perturbador. El Congreso está literalmente dominado por aquellos que fungen una vez de diputados y otra de senadores y así de manera recurrente, que son designados por los partidos y no electos de manera directa por la gente a partir de un servicio efectivo a la población que representan. Esta condición debe revisarse, pues ya no responde a las necesidades de la sociedad; estos personajes deben ganarse una posición y no adjudicársela como instrumento de beneficio propio o hasta de inmunidad.
La democracia está secuestrada por un sistema rígido de control político y del uso del dinero público que reciben los partidos. Las prerrogativas que así se generan quedan amparadas en la inexistencia de medios prácticos y seguros de rendición de cuentas y de aplicación de las responsabilidades. La falta de representatividad y responsabilidad se extiende por todas las instancias de la administración pública. Dicho secuestro está arropado por las alianzas que se tienden con los grupos de control de muchas organizaciones sociales y las cúpulas económicas.
Durante los últimos 20 años se ha ido perdiendo la visión de lo que constituye el Estado, con su carácter laico y su posición frente a las cuestiones que son de índole pública y privada. Este gobierno ha llevado la confusión bastante lejos, así, el marco de las libertades se ha contraído ante una economía sujeta a mayor control monopólico y con sectores claramente beneficiados con recursos del erario y prerrogativas administrativas. El Congreso ha contribuido de sobra a delinear y mantener esta situación.
El caso de la nueva Ley de Radio y Televisión es una muestra fehaciente de un cálculo político asociado con los grandes intereses económicos de los medios de comunicación y el monopolio telefónico. Indica, igualmente, el lastimoso papel de la mayoría de los miembros del Congreso como "representantes populares".
La ley Televisa mostró a las claras la naturaleza del sistema de representación vigente. Se dice que se redactó en las oficinas jurídicas de la empresa; los diputados votaron la ley sin discutirla en sólo siete minutos, cinco de los cuales se dedicaron a la votación. En el Senado la escasa oposición fue reducida por los promotores de la ley, personajes con muy poca credibilidad y demasiada historia tras ellos. Una ley sin legitimidad social es sólo una imposición.
Mientras tanto las empresas televisoras, aún sujetas a concesiones estatales, amedrentaban en sus noticiarios a los legisladores y a la sociedad dando lecciones de probidad. ¿Quién es Joaquín López Dóriga o cualquier otro locutor de Televisa o Tv Azteca para leer a los ciudadanos la cartilla de la democracia según ahí se interpreta?
La desconexión del Congreso con la ciudadanía es, con este nuevo episodio, prácticamente completa; la sociedad es hoy menos libre y tendrá menos espacios de expresión y diversidad. La ley en cuestión está hecha a la medida de las exigencias de las empresas de telecomunicaciones y, también, de los miedos e intereses de los miembros de la casta política. La Presidencia avalará la situación porque comparte esa visión de país. Ella está en el centro de la incapacidad de crecimiento suficiente de la producción y del empleo, así como de la enorme inequidad social que es el rasgo distintivo de esta sociedad.
Tiene razón el empresario Carlos Slim cuando dice que en México hay una fatiga social, pero lo que debería poner a consideración son las razones de esa fatiga, que no deriva únicamente de la mala gestión gubernamental, sino también proviene de uno de sus componentes, que es el férreo control del proceso de generación de riqueza y de su usufructo.