Piden garantizar la democratización en medios electrónicos

Exigen ONG a Fox ejerza su facultad constitucional de veto

Diversas organizaciones exigieron al presidente Vicente Fox que ''atienda las voces ciudadanas, académicas y de medios públicos y comunitarios, a fin de que ejerza su facultad y vete la llamada ley Televisa, aprobada por el Senado el jueves pasado; sin embargo, destacaron que las recientes declaraciones del mandatario de que esa ley es ''una más de las muchas que se aprueban en nuestro país'' sólo refleja que existen pocas expectativas para que se presente el veto presidencial.

Indicaron que el mandatario federal debe ejercer su facultad constitucional con el fin de que se discutan y aprueben ''verdaderas reformas a la legislación en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones que garanticen la democratización de dicho sector''.

Aseguraron que, de no ejercer esa acción, Fox permitiría que se contravengan principios constitucionales ''fundamentales'', como el derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 6 de la Constitución, así como el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a la operación de sus propios medios de comunicación electrónicos, como marca el artículo 2 de la Carta Magna.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalaron que si Fox no veta la Ley Federal de Radio y Televisión no acataría la recomendación de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la cual cuestionó a la administración federal por impulsar esas modificaciones por encima de acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano y desoyendo recomendaciones de mecanismos mundiales de protección a esas garantías.

''Hacemos un enérgico llamado al Presidente de la República a fin de que se apegue a sus obligaciones y funja como verdadero estadista al ejercer su facultad de veto a la reciente legislación aprobada por el Senado, que favorece a los monopolios, reduce significativamente la rectoría del Estado sobre nuestros bienes nacionales y cierra las posibilidades a la existencia de los medios comunitarios y ciudadanos, además de perjudicar gravemente a los medios públicos gubernamentales'', concluyeron las organizaciones.

(Emir Olivares Alonso)