Aseguró que favorecería a radios comunitarias: CMDPDH

En 2005, el gobierno de Fox ''mintió'' a la CIDH

Ofreció al organismo internacional pleno respeto a derechos humanos en materia de libertad de expresión

ALMA E. MUÑOZ

En 2005, el Estado mexicano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preparaba una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que incluía a las radios comunitarias. Un año atrás, se comprometió a impulsar modificaciones con ''una garantía plena de respeto a los derechos humanos en materia de libertad de expresión''. Sin embargo, el 30 de marzo pasado se aprobó una norma que dejó a estos medios de comunicación sin posibilidad jurídica para acceder a permisos de operación.

Para el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fabián Sánchez Matus, lo anterior es la prueba de que México mintió al respecto, como se plasma en los informes que desde hace más de 12 meses el Estado está obligado a entregar de manera periódica al organismo internacional, para conocer la situación que en el país guardan las radios comunitarias.

Tras 30 años de que el gobierno federal negara a estos sistemas permisos para operar, la sede en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la CMDPDH solicitaron, el 3 de marzo de 2004, una audiencia al organismo internacional para explicarle la problemática.

El 30 de junio siguiente, el entonces representante de la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Miguel Ruiz-Cabañas, envió al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, el primer informe de nuestro país al respecto. Allí se estableció que la Federación garantizaba ''espacios de diálogo político'' para analizar y discutir ''con respeto y libertad'' las alternativas de solución al problema.

Inclusive, Ruiz-Cabañas indicó que las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes sostuvieron encuentros con representantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, ''luego de que algunos de sus miembros han manifestado preocupación por este tema''.

Mencionó que el eventual otorgamiento de permisos a las solicitudes que así lo ameritaron -11, operando a través de las señales de radios indigenistas que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas- formaría parte de una ''política pública definida por la autoridad para la atención integral de este tema, garantizando el respeto a los derechos de los ciudadanos y protegiendo el sano y ordenado desarrollo de la radiodifusión en México''.

También reconoció, en ese mismo texto, que en el país ''el tema de las radios comunitarias se vuelve un fenómeno complejo, sobre todo en la medida en que no está específicamente contemplado por el marco jurídico mexicano, que prácticamente no ha cambiado en su contenido fundamental desde 1960''.

Y, en nombre del Estado, subrayó que el desahogo de las solicitudes podría convertirse en ''base útil para la definición que en el momento adecuado haga el Poder Legislativo respecto a la actualización de las leyes en la materia, tomando en cuenta los puntos de vista de las autoridades del Poder Ejecutivo, así como de los diversos actores que forman parte o tienen interés en el sector''.

En este mismo sentido, en 2005 continuaron los informes. Por eso, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos considera importante que nuestro gobierno actúe en congruencia con lo allí expuesto, y el presidente Vicente Fox declare el veto para la Ley Federal de Radio y Televisión.

Finalmente, Sánchez Matus resaltó la importancia de tomar como sustento para la defensa legal de los medios de comunicación afectados por dicha reforma, los convenios que en materia de derechos humanos ha firmado México a nivel internacional.