Usted está aquí: miércoles 12 de abril de 2006 Política Demanda SRA a líderes de la CCC por secuestro y motín

Obligaron a funcionarios a firmar compromiso, dice

Demanda SRA a líderes de la CCC por secuestro y motín

MATILDE PEREZ U.

La Secretaría de Reforma Agraria (SRA) interpuso ante la Procuraduría General de la República una demanda por secuestro y motín en contra de los dirigentes de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, Mario Reyes Cantú y Moisés Reyes Fausto, quienes apoyados por un grupo de 800 campesinos obligaron a funcionarios de audiencias a firmar una minuta en la que se comprometen a resolver 16 asuntos agrarios.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gilberto Hersberger Reyes, advirtió que el documento no es reconocido por la autoridad agraria porque se firmó bajo presión y amenazas. "La SRA está dispuesta a dialogar con los campesinos pero en un marco de respeto y civilidad; no responderá a acciones que están al margen del derecho", asentó.

Señaló que la noche del pasado 10 de abril, el grupo de la CCC, encabezado por Moisés Reyes Fausto, llegó por la mañana a las instalaciones de la SRA para exigir se revisara la agenda de asuntos agrarios que forma parte del Acuerdo Nacional para el Campo. El director de audiencias, Benjamín Serrano Aguilar, los recibió y en el momento en que abordó el asunto de los casos agrarios, Reyes Fausto dijo que eso lo tratarían directamente Max Correa y Reyes Cantú.

Por la tarde, los dirigentes campesinos -abundó el subsecretario de la SRA- iniciaron la negociación y demandaron que a la organización se le destinaran 120 millones de pesos adicionales a los cerca de 18 millones de pesos que ya se les ha canalizado para solucionar conflictos agrarios y apoyos a programas productivos. Ante la negativa de la autoridad, los labriegos insultaron a los funcionarios, los presionaron sicológicamente y los mantuvieron prácticamente secuestrados hasta la madrugada de ayer.

La minuta firmada por el director de audiencias de la SRA -que forma parte de las pruebas que presentó la dependencia en su demanda penal contra la dirigencia de la CCC- destaca que la autoridad atenderá, por ser de alta conflictividad, los siguientes casos: El Varal, en Guerrero; Héroes de la Revolución, Gente Nueva y Nuevo Progreso, en San Luis Potosí; El Jobo, en Tamaulipas; San Pedro X. y el Tizal, Veracruz; Benito Juárez e Izúcar de Matamoros, Puebla; San Andrés Santa Lucía, Hidalgo; San Luis Ayucan, estado de México; Nueva Generación, Chiapas; Presa de Rayas, Querétaro, y La Robla, Coahuila.

Hersberger Reyes aclaró que dichos casos no forman parte de los acuerdos agrarios que presentó la organización en 1997 y que, como se estableció en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo, serían resueltos. "Esos asuntos ya están resueltos; el listado que nuevamente presentó la organización tiene que ser analizado por el Comité de Elegibilidad y determinar si son de alta conflictividad. Pero en ningún caso la autoridad puede establecer cuotas a favor de ninguna organización".

 
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