Permitirá la proliferación de universidades patito, pese a que la meta es impedirla
Proyecto del Tec, base de iniciativa de reforma para educación superior: PRD
El proyecto de dictamen de la nueva Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que pretende establecer candados para evitar la proliferación de las universidades conocidas como patito, fue elaborado a partir de una propuesta del Instituto Tecnológico de Monterrey, la cual además es igual a la presentada por la diputada panista Consuelo Camarena.
El documento, que será votado en la Comisión de Educación el próximo martes, excluyó observaciones como las realizadas por el subsecretario de Educación Superior, Julio Rubio, y, contrario al propósito de la regulación, plantea la obligación del Estado de aportar recursos públicos a escuelas privadas, e incluso considera permitirles operar sin autorización ni reconocimiento de validez oficial de estudios.
El diputado perredista Juan Pérez Medina, integrante de la comisión, cuestionó que el 4 de abril pasado se haya fabricado un consenso en favor del proyecto de dictamen, pues el quórum se decretó con la "asistencia" de algunos legisladores que en realidad estaban fuera de la Cámara de Diputados.
Refirió que con ese quórum artificial se desechó, sin debate ni argumentos, la minuta del Senado con las reformas a las leyes General de Educación y para la Coordinación de Educación Superior, que fue promovida por el priísta Carlos Chaurand Arzate.
Al analizar el proyecto de dictamen que será votado el martes, afirmó que la iniciativa del Tec y la de la panista Camarena "son idénticas e impulsan reformas que pretenden violentar el artículo tercero constitucional y socavar la rectoría del Estado en materia educativa. Su intención es otorgar de manera legal la más amplia y absoluta libertad de operar servicios a las escuelas privadas, sin ningún control de la SEP, e inclusive algunas medidas vulneran la educación pública superior".
Afirmó que encontró, por ejemplo, que se plantea que las autoridades educativas otorguen recursos públicos a escuelas particulares, lo que se contrapone a la propuesta de Rubio Oca, quien señaló que las universidades privadas deben sufragar el crecimiento de su oferta con su propia inversión.
También se pretende autorizar el otorgamiento de permisos para que particulares puedan impartir educación normal, que según la Ley General de Educación es facultad exclusiva de los gobiernos estatales.
Entre los artículos propuestos resalta la exención a las escuelas particulares que sean "acreditadas por organismos reconocidos" por la SEP de solicitar la autorización para operar, lo cual contraviene las disposiciones del artículo tercero constitucional, el cual establece que si bien los particulares tienen el derecho a impartir educación, es necesario que obtengan el reconocimiento de las autoridades educativas.
En el capítulo IV del proyecto, se prevé el reconocimiento automático de validez oficial de estudios, que las escuelas privadas puedan ofrecer carreras de licenciatura, maestrías y doctorados a partir de los planes de estudio que ellas mismas elaboren, sin la sanción previa de Educación Pública, y que determinen el perfil profesional de sus plantas académicas.
Si bien se preserva para la autoridad educativa la facultad de retirar los reconocimientos de validez que pueda conceder, se limita la sanción a las universidades a difundir que se ha cancelado el aval oficial, pero ello "no producirá efectos de clausura del servicio educativo que presta dicha institución". Es decir, que podrá continuar en operación, aun cuando los estudios hechos por sus alumnos no sean válidos al concluir.
"El hecho de que no haya intervención de la SEP para validar los estudios, y que no se cierren este tipo de escuelas no cancelará el crecimiento de estas universidades patito", expresó Pérez Medina.