Editorial
Desazón electoral
A la media noche de ayer concluyó el plazo oficial para el registro de los candidatos de los partidos a ocupar las curules del Senado por el principio de representación proporcional y de la Cámara de Diputados por mayoría relativa. Sólo el Partido Acción Nacional cumplió ese trámite con tres días de anticipación; el resto de los institutos políticos, particularmente los que integran la Alianza por México (PRI y PVEM) y la coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia) no lo hicieron sino hasta horas antes de que venciera el plazo, después de haber dirimido intensas batallas internas para asegurar que en la conformación definitiva de las "listas" quedaran reflejados los intereses de los distintos grupos de poder. La disputa por los lugares más destacados para el Senado refleja que, al final de cuentas, quienes muy probablemente se convertirán en los representantes federales de la ciudadanía no necesariamente están ahí motivados por la defensa de una ideología o de las demandas más sentidas de la sociedad, ni son, quizás, los que cuentan con mayor experiencia parlamentaria, sino los que mejor cubren las cuotas prometidas a los dirigentes partidistas y los que prometen atraer votos para sus respectivos candidatos presidenciales.
En el caso de la coalición que respalda a Andrés Manuel López Obrador, destacan los nombres de familiares de dirigentes perredistas como Claudia Corichi, hija de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y Susana Monreal Avila, hermana del ex gobernador de esa entidad, el líder sindical Roberto Vega Galina, quien en la actual legislatura ocupa una curul por el PRI en la Cámara de Diputados, así como otros ex priístas y ex panistas que no encontraron acomodo para sus aspiraciones en sus partidos y con maromas de laxitud ideológica han pasado a las filas del perredismo.
Del lado de la Alianza por México, fue necesaria la imposición de la disciplina partidista en su más reciente Consejo Político Nacional para que cesara la rebelión y las rabietas al estilo del líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet, y fuera posible concluir la lista de candidaturas con el sello del madracismo. Así, quedaron asegurados dos lugares en el Senado como suplentes para sendos impulsores de la llamada ley Televisa: Javier Orozco, ejecutivo de Televisión Azteca, y Jorge Legorreta, del Partido Verde; también, un escaño para el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien está sujeto a dos procesos penales por su participación en el Pemexgate, pero que gracias a un amparo puede ser senador y con ello garantizar seis años más de impunidad.
Esto es lo que se aprecia a simple vista en la conformación de las candidaturas al Congreso (una revisión a detalle causaría mayor desasosiego): el pago de favores políticos y el cobro de cuotas de poder, la lucha por espacios que, al final de cuentas, correspondería ocupar a representantes ciudadanos que realmente lo fueran, que legislaran en beneficio del país y no del suyo propio o de camarillas y grupos de interés.
La ciudadanía percibe las distorsiones que se generan por este juego político: las suertes de acrobacia de quienes dejan un partido para integrarse a otro de signo muy distinto, la impunidad que otros compran, la lealtad a grupos de interés y no a causas, las constantes confrontaciones entre miembros de un mismo partido. Y también las padece al momento en que en las legislaturas conformadas con esas reglas no impera el conocimiento profundo de los temas de la agenda nacional, la capacidad para analizarlos y negociar soluciones, sino la ineptitud, la apatía y la irresponsabilidad que resultan en aberraciones como las recientes reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones.
Este panorama aleja a los partidos políticos de los votantes, principales actores del proceso comicial en curso, en momentos en que debieran estar más cercanos a ellos, atrayendo su interés por participar. Cómo puede un elector entusiasmarse cuando sabe que su voto puede estar ayudando a que alguien obtenga impunidad, o a que unas familias se perpetuen en el poder. Es insoslayable la urgencia de revisar el actual sistema de partidos en México para abrir el juego político a otros actores sociales y avanzar en la consolidación real de la democracia, más allá de lo electoral.