Les impide ayudar a indígenas presos injustamente; algunos atienden 100 casos al año
Bajos salarios y trabajo excesivo, lastre para defensores de oficio en Chiapas
Tuxtla Gutierrez, Chis., 15 de abril. Las precarias condiciones de trabajo y los bajos salarios que reciben los defensores de oficio indígenas de los Altos de Chiapas son obstáculos para ayudar a miles injustamente detenidos en las cárceles del estado.
Algunos atienden hasta 100 casos al año, lo cual es muy difícil. No cuentan con oficinas, apoyo técnico ni auxiliares, y los detenidos son tan pobres que ni siquiera pueden pagar por las copias de sus expedientes penales para que sean revisados a detalle, lo que dificulta la defensa.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2005 Chiapas ocupaba el tercer lugar en número de presos indígenas pobres, con 813 casos. Pero según organismos independientes, el número real es al menos tres veces mayor.
Joaquín Domínguez Trejo, defensor de oficio, o social como son llamados ahora, es uno de los dos que laboran en el juzgado primero del ramo penal para delitos graves, en el distrito judicial de San Cristóbal.
Aquí se atienden aproximadamente un millar de casos y 70 por ciento de los implicados se encuentran detenidos.
Domínguez Trejo y su compañero atienden, por ley, a todos aquellos presos que no cuentan con recursos para pagar un abogado particular.
En esta zona, donde 33 por ciento de la población es de indígenas pobres, existen dos abogados de oficio para atender a casi 200 detenidos.
Domínguez explica que en su trabajo enfrentan muchas carencias. "Apenas hace unas semanas nos dieron una computadora para los dos defensores; el año pasado me tocó atender 100 casos, en éste sólo 62, lo cual sigue siendo mucha carga porque leemos todos los expedientes penales de los procesados, son miles de hojas".
"Los defensores sociales somos la contraparte del Ministerio Público -parte acusadora- que dependen de la Fiscalía General de Justicia, pero estamos en desventaja con ellos tanto en salario como en equipo de trabajo; nosotros ganamos máximo 7 mil 400 pesos mensuales".
En esta labor no tienen el apoyo de otros abogados ni pasantes de licenciatura. Aun así, "hemos tenido la fortuna de lograr sentencias absolutorias, autos de libertad o reducir la pena. El único apoyo para las diligencias es el de las familias de los presos. Ahí existe otro problema porque la mayoría son tan pobres que incluso no cuentan con recursos para pagar su pasaje y visitar a sus detenidos, ya que viven en rancherías o municipios lejanos", sostiene.
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Joaquín Domínguez habla tzotzil, se dedica a los asuntos indígenas de homicidio, secuestro y violaciones.
En el juzgado primero de San Cristóbal se litigan esos asuntos, la mayoría cometidos bajo los efectos del alcohol, mal extendido en las zonas indígenas. Las penas que son impuestas pueden llegar hasta los 50 años de cárcel.
Refiere que en su trabajo también afectan "los coyotes", aquellas personas que no tienen una cédula de abogado, se designan como personas de confianza, pero "no saben ni lo que es un proceso penal".
"Si el acusado está confeso, el abogado particular nos lo deja, nunca se atreven a defender a alguien confeso para buscar una pena mínima", revela; cita que "de 30 reos que llegan, 15 ya vienen confesos; si no el abogado ya promovió acciones jurídicas y si ve que no tiene solución, renuncia a la defensa y nos lo pasa a nosotros".