Faccionalismo y concepción patrimonial del poder, lastres para alcanzar acuerdos
El incremento de la violencia, por la debilidad de bases estatales: experto
Advierte sobre riesgos por la infiltración del hampa en los cuerpos de seguridad
En México, el incremento de la violencia generada por el crimen organizado es atribuible en buena medida a la precariedad de las bases estatales sobre las que se asienta el régimen democrático recién instaurado. El faccionalismo y la concepción patrimonial del poder político como instrumento para satisfacer intereses sectarios no han favorecido acuerdos indispensables entre las fuerzas políticas para fortalecer sin criterios partidistas el aparato público y profesionalizar a la mayoría de los servicios de seguridad.
Y mientras perdure la polarización entre las distintas fuerzas políticas que están en los tres niveles de gobierno, estará en duda el éxito de las iniciativas públicas para erradicar la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley, afirma Carlos Antonio Flores Pérez, ganador del primer lugar en un certamen sobre el tema, que le otorgaron la semana pasada la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de la Función Pública.
En su tesis para recibir el grado de doctor en ciencias políticas por la UNAM, titulada El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, considera que las características del contubernio entre funcionarios y delincuentes se determinan por la capacidad funcional del Estado mediante las instituciones del régimen. Advierte que la suerte de las iniciativas públicas tendientes a erradicar la corrupción que rodea la relación entre el crimen organizado -particularmente los narcotraficantes- y los servidores públicos, especialmente policías, y garantizar el cumplimiento de la ley en todos los aspectos de la vida colectiva, tendrán impacto ineludible en el incremento o disminución de los vínculos en dicho contubernio.
Agrega que las posibilidades de éxito de dichos propósitos serán menores mientras perdure la polarización entre las distintas fuerzas políticas que ejercen funciones de gobierno. Es más, según fuentes consultadas por el académico para la realización de su tesis, hay diversas prácticas promovidas por delincuentes poderosos encaminadas a la infiltración de los organismos de seguridad y, en general, en las estructuras institucionales de procuración de justicia y readaptación social, mediante individuos que de antemano les son leales.
De ese modo, invierten hacia el futuro al intentar la promoción jerárquica de individuos que de origen se encuentran subordinados a sus intereses. Este tipo de prácticas pueden hacerse más frecuentes y generalizadas, en la medida en que las estructuras institucionales del Estado se mantengan débiles y confrontadas.