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Cuauhtémoc Cárdenas

Luto para la libertad, la justicia y el derecho

Ampliar la imagen Los seis ciudadanos vascos, en el Reclusorio Norte de la capital FOTOFrancisco Olvera

Días de luto para la libertad, la justicia y el derecho en México: el pasado 6 de abril el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por mayoría (ocho contra tres) la extradición de cinco ciudadanos vascos y un mexicano: Ernesto Alberdi Elejalde, Asier Arronategui (mexicano por naturalización), Ion Carlos Artola Díaz, Félix Salustiano García Rivera, María Asunción Garrotxategi Vázquez y José María Urkijo Borde.

Al decidir, el pleno de la Suprema Corte dividió su voto. Los ministros José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo votaron en contra de la extradición.

El proceso, antes de llegar al máximo tribunal de justicia, estuvo plagado de irregularidades, entre ellas las siguientes:

1. Las detenciones se realizaron sin que los agentes encargados se acreditaran debidamente y presentaran las órdenes de detención correspondientes.

2. Se violó la garantía de audiencia previa de los acusados, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores se negó a recibir las pruebas de descargo antes de pronunciarse en favor de la extradición.

3. La autoridad judicial mexicana aceptó que en la acusación extranjera no se individualizaran las conductas presuntamente ilícitas de los detenidos, sino que los cargos -extrañamente- se hicieran en documentos idénticos, en los que sólo se cambia el nombre de las personas.

4. No se exponen hechos, fuentes de información ni circunstancias de modo, lugar y tiempo en las que se hubieren cometido los ilícitos, lo que impidió establecer si alguno o todos los delitos habían prescrito.

5. Se violó la Constitución del país, pues los delitos imputados -cometidos presuntamente entre 1999 y 2003- se habrían perpetrado en México, donde se encontraban los acusados en ese tiempo, por lo que correspondería juzgarlos en tribunales mexicanos.

6. Se transgredió el tratado de extradición suscrito entre España y México, que prohíbe la entrega de perseguidos por sus ideas políticas, y establece que "ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales". En el caso que nos ocupa, no se precisó cuál sería la situación de excepción para extraditar a Asier Arronategui.

De la acusación se desprende que los detenidos actuaban juntos. De las investigaciones realizadas se deduce que no se conocían.

Asier Arronategui fue detenido en Monterrey, donde trabajaba; llevaba 14 años en México al día de su detención (18 de julio de 2003: la misma para todos). Félix García Rivera fue apresado en Tepozotlán, estado de Mexico, después de 13 años de residencia aquí.

Ion Artola fue capturado en Puerto Escondido, Oaxaca, junto con su esposa, Asunción; ambos llevaban 12 años de residencia en México. Ernesto Alberdi fue arrestado en Puebla y sumaba 16 años de residencia. José Antonio Urkijo fue aprehendido en Cancún, Quintana Roo; llevaba 14 años en el país.

Todos ellos son gente honrada y de trabajo, así reconocidos en los lugares donde residían y laboraban.

Cuando fueron detenidos se detuvo también, por los mismos cargos, con base en las mismas denuncias y las solicitudes de extradición fundamentadas de idéntica manera, a los ciudadanos mexicanos Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú, quienes después de 51, 90 y 90 días de arraigo, respectivamente, fueron liberados por las autoridades mexicanas sin ninguna imputación en contra.

Si sobre estas tres personas los cargos de una autoridad extranjera resultaron improcedentes, ¿cuál fue entonces la razón para que sí fueron procedentes las imputaciones en los otros seis casos?

La extradición, por otro lado, se concretará cuando ETA ha anunciado en España su decisión de cancelar las acciones armadas, y cuando se han iniciado contactos con el Estado español para buscar una solución pacífica y negociada al conflicto que prevalece en el País Vasco.

La extradición al país ibérico de seis personas por su supuesta vinculación -no comprobada y no comprobable- a las acciones violentas de ETA en el pasado puede complicar la salida política que se explora para ese problema.

Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidieron la expulsión han procedido, en el mejor de los casos, con absoluta insensibilidad respecto del manejo que en España se da al conflicto vasco. O bien, decidieron jugar en el interés partidista del anterior gobierno español, intolerante e incapaz de buscar, mediante el diálogo y el entendimiento político, la solución a un conflicto que ha tenido un alto costo social y ha afectado por largos años a una nación entera.

La extradición es una barbaridad. La libertad, la justicia y el derecho en México deben, pues, estar de luto.

A Ernesto Alberdi Elejalde, Asier Arronategui, Ion Carlos Artola Díaz, Félix Salustiano García Rivera, María Asunción Garrotxategi Vázquez y José María Urkijo Borde, víctimas de la injusticia y la complicidad

México, DF, 16 de abril de 2006.

 
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