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José Blanco

3-2-3

El pasado viernes 7 el Consejo Universitario de la UNAM aprobó una nueva carrera llamada Manejo sustentable de zonas costeras, cuya responsabilidad recaerá en la Facultad de Ciencias; se impartirá en la unidad de Sisal, Yucatán, y se inscribirá en el nuevo modelo que impulsa la UNAM, conocido como 3-2-3, es decir, tres años de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado (José Galán, La Jornada, 8/4/06).

Es necesario valorar en toda la extensión de su gran importancia esa decisión del Consejo Universitario de la UNAM. Resaltar la relevancia de la nueva carrera, y no menos de que la misma se inscriba en el llamado modelo 3-2-3. Esto último acaso sea aún más importante para quienes estamos interesados en la educación superior de este país.

En 2004 investigadores de 13 centros académicos dedicados a diversos aspectos de los problemas de nuestras costas dirigieron una carta abierta a la Presidencia de la República, dando un toque de alarma sobre la urgencia del apoyo que requiere esta dimensión de la realidad mexicana: el cuidado, la restauración, el monitoreo de uno y mil problemas de las costas. Su carta comienza recordando un dato desconocido u olvidado por la sociedad mexicana y su gobierno: "México posee más territorio marino que terrestre; sin embargo, no ha contado nunca con políticas públicas integradas para su conocimiento, protección y aprovechamiento sustentable". Uno tiene que frotarse los ojos más de dos veces y releer esta tesis, que tiene que dejar atónito a cualquier ciudadano.

La dimensión socioeconómica de las costas de México es un rompecabezas, dijo no hace mucho, en una importante publicación, el investigador Cuauhtémoc León. La falta de instrumentos para la gestión y el manejo de las zonas costeras (más de 11 mil kilómetros de costas), la precariedad de los indicadores para su conocimiento y desarrollo sustentable, la insuficiencia del marco legal y de la legislación naval y mercante aplicada a su protección y conservación, el horror de la vastedad de las aguas contaminadas, las fallas a veces gravísimas de gran cantidad de puertos mexicanos construidos en épocas en que se desconocía la dinámica de las mareas, la increíble falta de infraestructura de protección costera y de infraestructura portuaria para el manejo de exportaciones e importaciones constituyen apenas unos cuantos temas del largo inventario de problemas no resueltos.

Requerimos muchos más científicos y técnicos en el estudio de las cuencas y costas, en las especies marinas, y tantos otros elementos del mundo marino, de modo que es de aplaudir esta iniciativa para una temática insoslayable.

En cuanto al modelo 3-2-3, sigue la tendencia universal de la Declaración de Bolonia (1999), que tiene variantes diversas (por ejemplo, el modelo 4-2-2: cuatro años de pregrado, dos de maestría y dos de doctorado, este último también con variantes temporales, según la naturaleza de la investigación que lleva a la obtención del doctorado). En el más breve lapso la inmensa mayor parte de los estudios superiores debieran organizarse en México de este modo, cuyo diseño obedece a la forma y ritmo con el que se genera el conocimiento en la actualidad y como se producirá en el futuro previsible. Es preciso dejar atrás, de una buena vez, el ya inservible modelo napoleónico organizado en escuelas o facultades en las que, en todas, se cursan licenciaturas.

Una licencia es una autorización que emite una institución de educación superior para comercializar los conocimientos adquiridos por el licenciado: la venta de sus servicios. El mundo del saber de hoy nada tiene que ver con tal idea acerca de la organización de la generación de conocimiento. En realidad nunca tuvo sentido otorgar licencias a filósofos, poetas, físicos, astrónomos, la mayor parte de los matemáticos, historiadores y en muchas disciplinas más para las que no existe un mercado. Son las profesiones, no las disciplinas, las que requieren licencia de ejercicio, como los diversos tipos de médicos, ingenieros, abogados, contadores, administradores, arquitectos.

Una reforma de la educación de esta magnitud requiere que la aglomeración de todo tipo de instituciones del nivel 3 (posbachillerato) sea reordenada en un real Sistema Nacional de Educación Superior, que para serlo requiere de una instancia de coordinación cuyas resoluciones sean vinculantes para todo tipo de institución de este nivel. Es claro que la garantía constitucional llamada autonomía impide que una instancia gubernamental asuma la coordinación de las autonomías de las instituciones y, por ello mismo, son las propias instituciones las que tendrían que organizarse a sí mismas, mediante una ley que dé a su instancia coordinadora la facultad de emitir los acuerdos de las instituciones como resoluciones vinculantes.

Mientras ello ocurre es de celebrarse que la UNAM esté avanzando hacia los nuevos modelos pedagógicos del siglo XXI, con disciplinas indispensables para la vida humana y para la vida del planeta.

 
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