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Recurre a la Corte y a organismo de la ONU

Se moviliza la CCC para evitar ofensiva de la SRA

MATILDE PEREZ U.

Los representantes de los 16 grupos agrarios de la Central Campesina Cardenista (CCC) -cuyos casos no serán atendidos por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), porque presuntamente secuestraron y agredieron físicamente a los directores de Concertación Agraria, Ramón Cárdenas Villarreal, y de Audiencia, Benjamín Serrano- presentarán denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acudirán a esas instancias porque el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, crea un ambiente de hostigamiento y persecución en contra de líderes campesinos y con su actitud agudiza conflictos sociales de disputa por la tierra en diversos estados, dijo el dirigente de la CCC, Max Correa.

Al presentar una copia de la minuta que firmaron los dos directores de la SRA el pasado 10 de abril y que un día después fue desconocida por Gilberto Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento Territorial, el dirigente campesino desmintió que alguno de los integrantes de la organización hayan exigido 120 millones de pesos. "Las denuncias que por secuestro y motín presentó la SRA ante la Procuraduría General de la República son infundadas porque no llegamos a exigir dinero sino solución a asuntos agrarios que están en los asuntos presentados por la organización ante la autoridad agraria en el contexto del Acuerdo Nacional para el Campo, varios de ellos ya con un avalúo emitido y en otros con solicitud para que se lleve a cabo dicho avalúo", abundó Correa.

En conferencia de prensa, el dirigente de la CCC aseveró que en las denuncias que interpondrán ante diversas instancias del gobierno federal, judiciales y de derechos humanos dejarán asentado que los casos presentados son asuntos de seguridad nacional y deben ser resueltos a la brevedad, ya que podrían presentarse enfrentamientos o procederse al desalojo, lo que provocaría desenlaces violentos. "Si hay pérdidas de vidas humanas o desalojos violentos, las autoridades agrarias serán las responsables de esa situación", destacó.

La SRA, insistió, genera un problema de gobernabilidad; desconocer el diálogo y la negociación revela que "sí hay una actitud en contra de la organización por definirse a favor del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador".

Apuntó que la SRA sólo ha resuelto 15 casos de los 136 que presentó la organización apegándose al numeral 262 del Acuerdo Nacional para el Campo, y 29 casos más tienen un proceso avanzado. Por esa situación, se pidió a la SRA que destine los recursos suficientes para que en este año se finiquite el acuerdo agrario nacional firmado entre la CCC y la SRA el 19 de septiembre de 1997.

Para los casos que no se puedan resolver por falta de recursos del gobierno federal, la CCC propuso que los grupos, si así lo aceptan, sean atendidos con recursos para sus proyectos productivos o bien destinar parte de esos recursos a esquemas de creación de fondos de garantía líquida.

 
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