La violencia, culpa de los huelguistas: diputado panista
Condena generalizada de candidatos y legisladores por el desalojo
Dirigentes, legisladores y candidatos a la Presidencia de la República de cuatro partidos políticos condenaron de forma unánime el desalojo violento que sufrieron trabajadores de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), responsabilizaron al gobierno federal de "ordenar la represión sangrienta" en contra de los mineros y acusaron al presidente Vicente Fox de "autoritario y torpe".
Los dirigentes nacionales de la Confederación Nacional Campesina y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos exigieron la destitución del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, por su responsabilidad en los hechos de violencia en Michoacán, pero sobre todo por su probada incapacidad para resolver los conflictos sindicales.
En tanto, los candidatos a la Presidencia por los partidos Alternativa Social Demcrata y Campesina y Nueva Alianza, Patricia Mercado y Roberto Campa, respectivamente, dijeron que tras estos hechos el gobierno federal debe asumir su responsabilidad y reconocer que "generar más enfrentamientos no resuelve ningún problema".
En contraste, el Partido Acción Nacional (PAN) continuó respaldando el uso de la fuerza pública y aseguró que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador es "amigo" de los líderes mineros que, según el PAN, provocaron los hechos de violencia.
El secretario general adjunto del blanquiazul, César Nava, señaló que es válido y legítimo que el gobierno federal recurra a la fuerza pública para restaurar el orden y la legalidad.
La responsabilidad que el gobierno de Vicente Fox atribuye a los mineros por la represión en Lázaro Cárdenas, polarizó a los diputados federales. Por una parte el PAN advirtió que los diferendos deben resolverse con la ley en la mano. Por el contrario, el PRD y Convergencia coincidieron en señalar que la administración federal no supo construir una relación saludable con el sector obrero.
Fernando Pérez Peláez, legislador del PAN identificado con la organización de ultraderecha El Yunque, e integrante de la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sostuvo que los actos que derivaron en violencia son producto del conflicto entre un líder (Napoleón Gómez Urrutia) que quedó al margen del sindicato minero y una ala distinta que fue reconocida por la administración federal.
-¿Los culpables son los trabajadores mineros que no acudieron a las vías legales, y los muertos serían responsabilidad de ellos? -se le inquirió,
-Pues así es, y la autoridad debe aplicar la ley y respaldar las decisiones institucionales, para eso tenemos en nuestro país órganos e instancias tanto judiciales como administrativas, ante las cuales se puedan hacer valer los derechos; de otra manera volveríamos a la ley de la selva y a la época gangsteril de los sindicatos.
Del otro lado, el grupo parlamentario del PRD consideró que la "represión sangrienta" contra los mineros, "ordenada por el gobierno federal, confirma el autoritarismo, la torpeza política y la impericia del presidente Vicente Fox, quien no ha sabido construir una relación saludable con los sindicatos del país".
Organizaciones campesinas lamentaron las divisiones laborales y sociales que la administración foxista ha propiciado "ante su falta de tacto político", y la forma "irresponsable e incapaz como se conduce" para manejar los conflictos de cualquier índole.