Usted está aquí: sábado 22 de abril de 2006 Sociedad y Justicia Deben caer cabezas de alto nivel por el caso Sicartsa, expresa Soberanes

El titular de la CNDH responsabiliza a Fox por lo ocurrido en la siderúrgica

Deben caer cabezas de alto nivel por el caso Sicartsa, expresa Soberanes

EMIR OLIVARES ALONSO

Ampliar la imagen Brigadas de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúan la investigación de probables violaciones a las garantías fundamentales, a raíz de los hechos de violencia ocurridos en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán. En una oficina móvil, visitadores y peritos de la CNDH reciben declaraciones de trabajadores y testigos

El responsable de las muertes y la violencia que ocurrieron el jueves pasado en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, es el Ejecutivo federal, sentenció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.

El ombudsman nacional dijo que es "indignante" culpar a los mineros de lo sucedido, como lo hizo la administración federal por conducto del vocero Rubén Aguilar, quien aseguró ayer por la mañana que la violencia se suscitó por la negativa de los trabajadores de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) de no levantar el paro que había sido catalogado como "ilegal".

En entrevista, después de su participación en un seminario en el Centro de Derechos Humanos de la comisión, Soberanes Fernández dijo que ante los "intolerables" hechos, el presidente Vicente Fox asuma su "grave responsabilidad" para que se investiguen estos actos.

"Hay personas muertas. No estamos jugando, no son canicas. Es una falta gravísima. Me asombra muchísimo que el gobierno federal esté como si no pasara nada", indicó. Ante esta situación, expresó, deben caer cabezas de alto nivel, como sucedería en otras circunstancias.

Indicó que no es su decisión señalar a los que deben caer, pero que sí recomendaría que se fueran los responsables de los hechos. "Hay una responsabilidad enorme del Ejecutivo federal, quien tiene que responder a la sociedad mexicana, porque es intolerable que hayan muerto dos personas y que no pase nada, y que después se culpe a los propios mineros. ¡Por favor! ¿En qué país vivimos? Es un mundo al revés".

En tanto, la CNDH informó que se han sumado cinco investigadores más a la comitiva que desde el jueves envió a lugar de los hechos para recabar información que permita confirmar que existieron violaciones a las garantías fundamentales de los trabajadores por parte de los cuerpos policiacos.

Por tanto, ya son 11 los visitadores que se encuentran trabajando en las indagatorias en el municipio de Lázaro Cárdenas, para lo cual se han entrevistado con autoridades de gobierno, trabajadores y líderes sindicales.

Asimismo, el organismo manifestó que también entró en funciones una oficina móvil, equipada con un laboratorio, en la que se pueden recibir quejas y testimonios de las personas que deseen aportar información en torno del enfrentamiento del jueves.

Entre las autoridades que han sido entrevistadas por el personal de la CNDH se encuentran Jesús Pardo Ortiz, comandante de la Policía Federal Preventiva; los directores de Seguridad Pública estatal, Mario Bautista Ramírez, y municipal, Gregorio Orozco; así como con el coordinador de la Policía Ministerial de Michoacán, Jaime Liera. Además, con Felipe Maya Bucio, integrante del comité ejecutivo de la sección 271 del sindicato minero.

En tanto, los médicos legistas comisionados por la CNDH para la atención de este caso acudieron al servicio médico forense de la zona para certificar los fallecimientos de los trabajadores Mario Alberto Castillo Rodríguez y Héctor Alvarez. También visitaron el hospital en el que se encuentran internados los lesionados, con el fin de recabar sus testimonios. Asimismo, asistieron al hospital naval, donde conocieron las declaraciones de dos policías heridos.

La CNDH informó que las investigaciones continúan y que será en el transcurso de los próximos días cuando se establezca si se violaron las garantías fundamentales de los trabajadores.

 
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