Editorial

¿Por qué van a castigarlos?

De visita en República Dominicana, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Albert Gonzales, descartó que el gobierno de esa nación considere otorgar amnistía a los trabajadores extranjeros, y dijo que tanto los afectados como sus países de origen "deben asumir las consecuencias" de sus acciones. Tales declaraciones se presentan con el telón de fondo de la discusión parlamentaria en la que se debate el endurecimiento o la flexibilización de las disposiciones antimigratorias vigentes en el país vecino, y en la cual casi todos los participantes coinciden en que es improcedente y hasta inaceptable legalizar a los migrantes sin antes imponerles una sanción por carecer de documentos.

Lo de menos es que a Gonzales, descendiente él mismo de mexicanos, le parezca punible la acción que muy probablemente llevaron a cabo sus padres o sus abuelos, quienes tal vez hicieron su arribo a Estados Unidos en las mismas condiciones que la inmensa mayoría de los extranjeros que se han asentado en ese país ­irlandeses, griegos, italianos, armenios, coreanos, cubanos, mexicanos, chinos, vietnamitas, rusos, salvadoreños, entre muchos otros­: con una mano adelante y otra atrás, y sin papeles migratorios. Lo más grave es que la clase política estadunidense ­constituida casi exclusivamente por representantes o descendientes de comunidades surgidas de la migración, empezando por la que llegó en el barco Mayflower a las costas de Virginia, y que sigue siendo la hegemónica­ piense que el fundamento mismo de su país es un hecho digno de sanción y castigo.

El hecho mismo de que se ponga a consideración si se indulta o no a millones de ciudadanos del mundo que son, en su enorme mayoría, honrados y trabajadores, obliga a recordar un episodio vergonzoso de enero de 1994 en nuestro país, cuando el presidente Carlos Salinas ofreció amnistía a los alzados zapatistas de Chiapas, cuya insurrección estaba cimbrando a México y al mundo por esos días. La réplica de los insurgentes fue contundente y demoledora: "¿De qué van a perdonarnos?", preguntó, en un comunicado dirigido a la sociedad, el Comité Clandestino Indígena Revolucionario.

Por lo que hace a los trabajadores migrantes en Estados Unidos, existe la determinación mayoritaria de los políticos estadunidenses no de perdonarlos, sino de castigarlos. Y cabe preguntar: ¿por qué van a castigarlos?

¿Por haber enfrentado peligros de muerte en su trayecto? ¿Por haberse visto obligados a separarse de sus familiares y a alejarse de sus lugares de origen? ¿Porque sufren humillaciones, agravios y violaciones a sus derechos humanos? ¿Por ser víctimas de la explotación y de los traficantes de personas? ¿Porque realizan, con su trabajo, una aportación indispensable para la competitividad de la economía estadunidense? ¿Porque contribuyen con sus remesas al mantenimiento de los países que no fueron capaces de ofrecerles condiciones de vida mínimamente aceptables? ¿Por haber sido enviados como carne de cañón a la guerra criminal que el gobierno de George W. Bush emprendió y mantiene en Irak? ¿Por haber enriquecido en múltiples aspectos a la sociedad estadunidense? ¿Porque son puente y vinculación entre países, idiomas y culturas? ¿Porque no tienen nexo alguno con las nebulosas "amenazas a la seguridad nacional", en función de las cuales Washington pretende construir murallas chinas y muros de Berlín en sus fronteras? ¿Porque infringieron disposiciones migratorias hipócritas y perversas, tan perversas que penalizan movimientos migratorios positivos y necesarios para la economía de Estados Unidos, como reconoció el propio Gonzales?

Los políticos estadunidenses no deberían estar discutiendo modalidades para multar o sancionar a los migrantes, sino la fórmula adecuada para pedirles perdón. Y otro tanto tendrían que hacer los gobiernos de sus países respectivos ­los gobernantes de México, en primer lugar­ por no haber tenido la voluntad ni la capacidad para ofrecerles, en sus lugares de origen, las posibilidades de una vida digna.