El 21 de junio de 2005 fue un día común para Octavio y Martín hasta antes de las 4 de la tarde. Por la mañana los jóvenes se despertaron abrazados en su casa de la ciudad de Querétaro como lo hicieron durante los siete años que vivieron juntos. Octavio desayunó apresuradamente, pues tenía una larga jornada de trabajo por delante. Por la mañana se entrevistó con otros activistas de derechos sexuales y reproductivos, y por la tarde, como todos los días, abrió la condonería "De colores", ubicada en una calle céntrica de la ciudad. Establecimiento donde, además de la venta de productos eróticos, impartía asesorías sobre educación sexual. Minutos después, alguien entró al local y asesinó al psicólogo y activista. El cuerpo del joven Octavio, con 28 años de edad, fue encontrado desangrado en el piso con seis puñaladas, cuatro de ellas mortales.
Ese mismo mes, en Colima, Vanesa pensaba seriamente abandonar el país debido al hostigamiento policiaco. Ya había emigrado una vez, pero ahora sí sería el adiós definitivo; estaba harta, en una semana había caído presa cinco veces tan sólo por portar atuendo femenino. No tenía otra ropa, así se vestía desde los 14 años. Sin embargo, Jaime Javier López, como realmente se llamaba, no alcanzó a realizar su deseo, fue encontrado sin vida en el campo de futbol de una unidad habitacional de la capital del estado. El cuerpo del joven de 25 años presentaba 39 heridas de arma blanca y su rostro había sido desfigurado.
Ambos asesinatos presentan similitudes, no sólo en la coincidencia en el tiempo, sino porque ambos jóvenes habían presentado quejas por discriminación en las comisiones de derechos humanos locales, en contra de agentes policiacos estatales y municipales.
Días antes de su asesinato, Octavio denunció públicamente la agresión y el maltrato que sufrieron él y su pareja por parte de agentes de seguridad municipales en un parque del centro de Querétaro. Por su parte, Vanesa, quien se dedicaba al trabajo sexual, había acusado a agentes de seguridad pública y del municipio de hostigamiento y detenciones arbitrarias. En el caso de Octavio, el o los asesinos no han sido identificados, y la Procuraduría de Querétaro ni siquiera ha presentado avances. En cambio, la muerte de Vanesa ha sido aclarada, los asesinos fueron plenamente identificados; uno de ellos, de 22 años, ya está preso, su cómplice se encuentra prófugo.
Dos crímenes unidos por un mismo móvil: la homofobia.
Los crímenes de odio existen
Pese a su inexistencia jurídica, los crímenes de odio por homofobia son una realidad en México. De 1995 a 2004 se han cometido, cuando menos, 332 asesinatos contra personas homosexuales, según el seguimiento hemerográfico que desde hace una década realiza la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. De acuerdo con la metodología que rige tal seguimiento, detrás de cada deceso registrado por la nota roja puede haber hasta tres asesinatos más, lo que dispara la cifra a casi mil personas ejecutadas por su orientación sexual.
En el ámbito oficial no existe un registro similar de agresiones y muertes derivadas del odio homofóbico, pues la legislación penal mexicana no considera la figura del "crimen de odio", como si lo considera, por ejemplo, la legislación estadounidense desde 1992.
Según el Centro de Prevención del Crimen y la Violencia, de la ciudad de San Francisco, California, los crímenes por odio son actos violentos que pueden ir de la exclusión o discriminación, hasta la golpiza o el asesinato perpetrado por una o varias personas hacia un individuo que es, o se supone que es, parte de un grupo específico (por su origen racial, étnico o nacional, su religión, género, orientación sexual o discapacidad).
A partir de la tipificación legal, en Estados Unidos existen cifras confiables que permiten medir la gravedad del problema. De acuerdo con estadísticas del Federal Bureau of Investigations, tan sólo en 2004 se cometieron en ese país casi dos mil delitos que entran en la categoría de crimen de odio.
En México, pese a los datos que muestran un alto grado de violencia y tortura en los asesinatos de homosexuales, no se ha discutido la posibilidad de una modificación legal que incluya, cuando menos como agravante en el delito de asesinato, la figura de "crimen de odio". Para la maestra Karla Pérez Portilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, "la homofobia institucional opera porque muchas de las personas que se encargan de administrar la justicia no comprenden el fenómeno del odio criminal y no le dan la importancia que merece dentro de sus pesquisas". En entrevista con Letra S, la jurista consideró que al cometerse un crimen de odio contra personas estigmatizadas se hace patente su diferencia y su vulnerabilidad.
Los motivos para distinguir esa vulnerabilidad, explica la investigadora, "los traemos arrastrando históricamente, pues han sido inculcados por un discurso religioso homofóbico, que permea en las leyes que nos rigen y que a pesar de los esfuerzos por eliminarlos, se siguen reflejando en la educación pública, el lenguaje popular y, desde luego, en lo que consumimos cotidianamente a través de los medios de comunicación".
Estereotipos del saber jurídico
El doctor Raymundo Mier es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco. Para él, los procesos jurídicos se desarrollan con base en estereotipos establecidos, es decir, en figuras que se imponen a todos los casos, sin importar que con ello se violente aún más a las víctimas. De ahí que muchas de las investigaciones sobre ejecuciones de homosexuales aún se manejen como "crímenes pasionales". "El saber jurídico —establece Mier— parece no tener ningún tipo de criterios cuando aplica las leyes que resultan aberrantes por aplicar criterios estereotipados, que en realidad violentan la lógica del hecho mismo, lo que produce un conjunto de acciones ineficientes en la impartición de justicia".
Otro ejemplo de estereotipo jurídico es el caso de Raúl Osiel Marroquín Reyes, asesino de, cuando menos, cuatro hombres homosexuales entre octubre de 2005 y enero de 2006. Para Mier, hay una modelación del estereotipo del sujeto, "una especie de restauración de un estereotipo, confirmado como perversión cíclica, es decir: un perverso que mata perversos, lo que produce un efecto de tranquilizar a la sociedad, pues el mensaje desde la institución judicial es el mismo de siempre: se matan entre ellos; un asesino que mata a sujetos ya marcados por una relativa, aunque soterrada o vergonzante, estigmatización".
Justicia ciega y discriminadora
Para el escritor Carlos Monsiváis, cuando de crímenes de odio homofóbico se trata se distinguen cuando menos cuatro características: "los asesinos no conocían previamente a sus víctimas; el asesinato fue un acto de placer homicida, porque el propósito último, evidente, era destruir a la especie representada por la persona indefensa; el odio explica la cuantía y la profundidad de la saña; y los delincuentes carecen de remordimientos" ("‘El sádico’ y los crímenes de odio", en El Universal, 29 de enero de 2005).
A la violencia criminal descrita por Monsiváis se suma la ineficiencia judicial que aún suele recurrir al concepto de "crimen pasional", que carece de sustento jurídico pero facilita a las autoridades judiciales cerrar el caso, evadir su responsabilidad de indagar e investigar y culpar injustamente a amigos, pareja o conocidos de la persona asesinada, como ha sucedido en el caso de Octavio Acuña, donde se intentó, sin éxito, involucrar en el asesinato a Martín, pareja del activista asesinado.
Diversas organizaciones civiles mexicanas con trabajo en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y de la diversidad sexual se han manifestado en favor de la tipificación de los crímenes de odio por homofobia en las leyes mexicanas. En un acto de repudio a los crímenes de Marroquín Reyes se dio a conocer una carta firmada por decenas de intelectuales y activistas que consideró: "Asumir como crímenes de odio este tipo de delitos permite colocarlos en un contexto social y cultural, e impide que se les considere como delitos aislados, perpetrados por individuos desquiciados y perturbados sin relación alguna con su entorno".
De acuerdo con los activistas, la carta se entregó a los legisladores federales, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento sobre el tema por parte de algún funcionario o legislador. Mientras tanto, la investigación sobre el asesinato de Octavio Acuña, en Querétaro, como muchos otros casos por todo el país, sigue sin esclarecerse y sus asesinos permanecen impunes. | |
