Organizaciones sociales y líderes de varios sectores firmaron documento de censura
Reprueban ONG la ola represiva que realizan autoridades en el país
El gobierno federal y autoridades locales han utilizado violencia desproporcionada con un saldo de altos costos humanos y sociales, afirman
Exigen a Fox cesar agresiones
Treinta y seis organizaciones sociales y de derechos humanos, Pablo González Casanova, el obispo emérito Samuel Ruiz y monseñor Raúl Vera, entre otras personalidades, se manifestaron contra la represión en un documento, en el que aseveran: "reprobamos la solución de fuerza desproporcionada aplicada en el conflicto social que se generó en San Salvador Atenco y que contraviene los principios fundamentales de derechos humanos planteados en la Asamblea General de la ONU, particularmente el de proporcionalidad establecido en el artículo 3".
Ese artículo, subrayaron, señala: "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario", por ello, plantearon "la necesidad de establecer una vía de solución política que permita abordar a fondo las causas que han llevado a esta situación y evitar el escalamiento de esta confrontación".
En conferencia de prensa, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos; David Velazco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), dieron lectura al documento Contra la represión y por la defensa del estado de derecho, mismo que fue consensuado en una reunión urgente convocada para analizar la situación en San Salvador Atenco.
Se repite la estrategia en varias entidades del país
En el texto destacan que en otras partes del país y recientemente en Michoacán, "hemos observado al gobierno actuar del mismo modo, combinando fuerzas locales y federales en la represión a los movimientos sociales".
Destacan que la manera de realizar esos operativos ha generado una "violencia desproporcionada con un saldo de altos costos humanos y sociales. No podemos legitimar el uso de la fuerza como medio para resolver las demandas sociales".
La convivencia social y política debe estar fundamentada en la democracia y la justicia, por ello, para restablecer las condiciones de convivencia en la zona, se requiere "avanzar en un proceso de diálogo en torno a la distensión del conflicto, la liberación de los presos, la reconstrucción del tejido social y los temas de fondo que aún no han sido resueltos. Así como la realización de una investigación que aclare los acontecimientos".
Hicieron un llamado urgente a que se respete el pleno ejercicio de los derechos humanos en las diversas manifestaciones de protesta que se están desarrollando, y una investigación de los hechos que condujeron a esa preocupante situación.
Exigieron información de la situación jurídica y de salud de los más de 200 detenidos y detenidas durante los enfrentamientos y operativos de los días recientes, porque a más de 24 horas de esas detenciones no se han detallado.
Aseveraron: "hemos visto la brutalidad policiaca y la acción represiva contra quienes se manifiestan. En los actuales tiempos el gobierno busca criminalizar la protesta social".
Abundaron que "fue un absurdo la utilización de la fuerza, el uso de gas lacrimógeno, la muerte de un menor". Ante ello, dijeron que el gobierno del presidente Fox "nuevamente está en falta en el cumplimiento de los derechos humanos ante la comunidad internacional".
El mandatario federal, que dice respetar los derechos humanos, "debe actuar en consecuencia y respetar el estado de derecho".
Cortez, Velazco, Ramírez y Maya denunciaron que los noticiarios de los medios de comunicación masiva -radio y Televisión, principalmente- "manipularon la información, sólo presentaron escenas de los habitantes agrediendo a los policías, pero censuraron las brutales golpizas que los agentes dieron a mujeres y hombres de San Salvador Atenco".
La Red Todos los Derechos para Todos, que aglutina a más de 50 organizaciones civiles, señaló que "de nueva cuenta, como sucedió en el enfrentamiento en Lázaro Cárdenas, vimos la facilidad con que estos operativos se tornan incontrolados y aparecen como una acción represiva y no una acción inteligente que trata de abrir paso al diálogo y a la negociación".