Otra autoridad queretana interpuso juicio de nulidad
Aceptan sanción 7 ex funcionarios vinculados a construcción del AIQ
Querétaro, Qro., 7 de mayo. Siete de los ocho funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Ignacio Loyola Vera aceptaron la sanción que les impuso la Secretaría de la Contraloría estatal, como responsables de faltas administrativas en la planeación y construcción del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).
En entrevista, el titular de la Contraloría estatal, Ricardo del Río Trejo, indicó que sólo el ex director de Obras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Carlos Padilla Siurob, interpuso un juicio de nulidad a la resolución, emitida en diciembre pasado.
Añadió que además de sus anomalías en el AIQ, el ex titular de la SDUOP, Alfonso Ramos Rocha, y el ex coordinador de Vialidad, José Luis Pérez Fuentes, fueron hallados responsables de la deficiente construcción y planeación del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) -demolido por fallas en su estructura-, por lo que se les inhabilitó para ocupar algún cargo público "por un periodo de 31 a 365 días".
Del Río Trejo puntualizó que junto con Ramos Rocha y Pérez Fuentes, se responsabilizó de las irregularidades en el AIQ al ex jefe de Evaluación y Control de la SDUOP, Enrique Angeles Uribe; al ex supervisor de obra de la dependencia, Luis Alfonso Alvarado García; al ex director de obra pública y gasto social, Juan Manuel Sánchez Santibáñez; al ex jefe de supervisión y evaluación, Pedro Reséndiz Ibarra, y al jefe del departamento presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, David Jiménez Becerra.
La Contraloría resolvió que hubo deficiente planeación, falta de documentación, deficiente control presupuestal e irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra del AIQ, además de que no se justificaron unos 150 millones de pesos usados en la construcción del inmueble, cuyo costo final de 850 millones de pesos.
Sobre el juicio de nulidad que interpusieron los ex funcionarios acusados por deficiente planeación y construcción del CRIQ, a quienes se impuso pagar el daño patrimonial de 54 millones de pesos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aún no emite un resolución, a casi dos años de que la Contraloría los encontró culpables.