Usted está aquí: viernes 12 de mayo de 2006 Mundo Bajo vigilancia del gobierno, historial telefónico de millones de estadunidenses

Forma la Agencia de Seguridad Nacional "el banco de datos más grande del mundo"

Bajo vigilancia del gobierno, historial telefónico de millones de estadunidenses

No se ha violado la privacidad de ciudadanos "ordinarios", dice Bush

El programa no interviene las llamadas, sólo "identifica patrones de comunicación"

Todo es legal: Hayden

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Ampliar la imagen El presidente George W. Bush (centro) asistió ayer a la ceremonia de graduación en el Colegio Comunitario de la Costa del Golfo de Mississippi, en Biloxi, ciudad golpeada por el huracán Katrina el año pasado. A la izquierda del mandatario, el gobernador de Mississippi, Haley Barbour, y al otro lado Willis Lott, director del instituto Foto: Reuters

Nueva York, 11 de mayo. Otra controversia sobre el espionaje doméstico del gobierno de George W. Bush estalló esta mañana cuando se reveló que la Agencia de Seguridad Nacional ha estado revisando los historiales telefónicos de decenas de millones de estadunidenses, en lo que una fuente consideró como "el banco de datos más grande jamás instrumentado en el mundo".

El propio presidente fue obligado a interrumpir sus actividades para responder a la revelación, asegurar que no se está violando la privacidad de "estadunidenses ordinarios", y denunciar la "filtración" de inteligencia a los medios. Mientras tanto, algunos legisladores demócratas y republicanos expresaron su preocupación y prometieron investigar el asunto.

El periódico nacional USA Today, en un reportaje exclusivo, reveló la existencia del programa secreto diseñado para identificar patrones de comunicación telefónica de casi todos los estadunidenses, en un supuesto esfuerzo para detectar posibles actividades "terroristas". Según una fuente con conocimiento del programa, la meta era "crear un banco de datos de toda llamada que se haya realizado" dentro de este país.

El programa de la súper secreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) no tiene el propósito de intervenir y grabar las llamadas, sólo registrarlas y detectar patrones de uso. El programa funciona con la cooperación de tres de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país -Verizon, Bell South y AT&T- que ofrecen servicio telefónico fijo y móvil a más de 200 millones de clientes en este país. "Con acceso a los registros de miles de millones de llamadas domésticas, la NSA ha obtenido una ventana secreta de los hábitos de comunicación de millones de estadunidenses", reportó USA Today.

Aunque nombres, direcciones y otro tipo de información personal no se procesan en el programa secreto de la NSA, señaló el diario, los números de teléfono en el banco de datos fácilmente pueden dar acceso a esa información.

La telefónica Qwest no participa

Sólo una de las grandes empresas de telecomunicación, Qwest, rehusó participar en el programa de la NSA, ya que expresó sus dudas sobre las implicaciones legales de entregar información privada al gobierno sin autorización judicial.

Este tipo de actividad de inteligencia se llama "minar datos" (data minino) donde un universo de datos es analizado sistemáticamente para detectar patrones y relaciones entre esta información.

La revelación causó revuelo en Washington, e influyentes legisladores de ambos partidos interrumpieron sus actividades programadas para expresar su preocupación y hasta alarma por el asunto. La divulgación de la existencia del programa de la NSA también podría descarrilar el proceso apenas iniciado para ratificar el nombramiento de un nuevo jefe de la CIA. Bush acaba de nombrar al general Michael Hayden, quien encabezó la NSA de marzo de 1999 a abril de 2005, como próximo jefe de la central de inteligencia.

Hayden suspendió hoy todas menos una de sus reuniones programadas con senadores para preparar las audiencias requeridas en la ratificaión de su nombramiento, y se limitó a comentar: "lo único que diré es que todo lo que hace la NSA está dentro del marco legal, y que determinados miembros del Congreso son informados de sus actividades".

La existencia del programa resucitó el debate sobre la privacidad de los ciudadanos, los límites (o falta de) del gobierno federal en sus operaciones de espionaje doméstico, y la legalidad de este tipo de operaciones. Este debate comenzó el año pasado al revelarse la existencia de un programa secreto de la misma NSA para intervenir comunicaciones electrónicas internacionales, sin orden judicial previa, de personas en Estados Unidos sospechosas de tener vínculos con "terroristas". Al defender ese programa, el gobierno de Bush insistió en que el enfoque era exclusivamente sobre comunicaciones internacionales desde este país.

El programa recién revelado tampoco cuenta con la autorización judicial, informó el rotativo.

El presidente Bush interrumpió su programa de actividades y convocó a una breve conferencia de prensa a mediodía para responder a la nueva controversia. Insistió en que toda operación de inteligencia está "estrictamente" apuntada hacia Al Qaeda y sus asociados, y que este tipo de esfuerzo ha logrado evitar otro ataque terrorista en territorio estadunidense. El gobierno, subrayó, "no escucha llamadas domésticas sin aprobación judicial", y reiteró que toda actividad de inteligencia "es legal" y que se ha informado a ciertos legisladores encargados de asuntos de inteligencia de la existencia de este tipo de operación. "La privacidad de los estadunidenses ordinarios es ferozmente protegida", insistió. A la vez, criticó la filtración de información sobre operaciones de inteligencia y dijo que cada vez que esto ocurre, "daña nuestro esfuerzo para mantener seguro a Estados Unidos".

Sin embargo, algunos analistas señalan que aunque este argumento funcionó en cierta medida para justificar la revelación de la intervención de llamadas internacionales, en esta ocasión, en que los ciudadanos "ordinarios" se enteran de que el gobierno está rastreando cada llamada que han hecho, la explicación presidencial podría satisfacer sólo a unos cuantos.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter, declaró que convocaría a audiencias sobre el asunto y que solicitará la presencia de representantes de las tres empresas de telecomunicación que participan en el programa. En entrevista con CBS News esta noche, Specter indicó que su preocupación es que "la privacidad" de millones de ciudadanos está siendo invadida con este programa, que tiene un efecto negativo para las libertades civiles y que es una manifestación de "un big, big brother".

El senador Patrick Leahy, figura influyente y el demócrata de más alto rango de ese mismo comité, manifestó su incredulidad ante la noticia sobre la existencia del programa, y señaló: "necesitamos saber qué está haciendo nuestro gobierno al espiar a estadunidenses". La senadora demócrata Dianne Feinstein advirtió que estas revelaciones podrían promover "una confrontación constitucional mayor" en este país.

Mientras, nuevamente brotó el debate político entre los que defienden las operaciones de inteligencia bajo la justificación de la lucha antiterrorista y quienes critican lo que consideran un abuso del poder del ejecutivo al establecer nuevas operaciones sin autorización judicial y amplia consulta con la Legislatura.

El tema de la privacidad de los ciudadanos "ordinarios" es muy delicado en este país, cuya constitución declara una y otra vez que está construido sobre el fundamento del respeto a los derechos sagrados del individuo. Por eso, esta nueva controversia es difícil de manejar políticamente, ya que la gran mayoría de los estadunidenses podría sentir ahora que el gobierno ha violado su privacidad. Así, el debate gira en torno a los derechos de privacidad frente a las necesidades de la seguridad nacional.

A la vez, por ley y por tradición, las empresas de telecomunicación protegían durante décadas como información privada los historiales de las llamadas de sus clientes, y sólo las compartían con las autoridades bajo órdenes judiciales. Sin embargo, cuando la NSA inició este programa poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, argumentó que esto era un asunto de cooperación (aunque también de negocio) para la seguridad nacional, y con ello logró obtener ese enorme universo de información, con la única excepción de Qwest.

La disputa podría tener consecuencias severas no sólo para el nombramiento del general Hayden como próximo jefe de la CIA, sino para una Casa Blanca que parece enfrentar una nueva crisis, revelación o escándalo cada día. Con el índice de aprobación en el punto más bajo de su presidencia, las aclaraciones de Bush sobre este y casi cualquier asunto ya no son tan convincentes ante la opinión pública.

Tal vez aún más alarmante para la Casa Blanca, este es un tema que preocupa tanto a republicanos como a demócratas, particularmente conservadores tradicionales cuyo principio central siempre ha sido la defensa de los derechos del individuo y la sospecha de un gobierno demasiado grande y poderoso; un "big brother". Así, una nueva encuesta de Gallup citada por el Washington Post registra hoy un desplome de 13 puntos en el apoyo para Bush entre republicanos en las últimas dos semanas, y controversias como estas no ayudan ni con los más fieles.

 
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