Un integrante, ex funcionario del Banco de México
Ejercita la PGR acción penal contra red de lavado de dinero
La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal en contra de siete integrantes de una red internacional de lavado de dinero que operaba para el cártel de Juárez, vinculada con David Dávila Córdoba, El Cónsul, un ex funcionario del Banco de México.
De acuerdo con fuentes oficiales, en meses recientes, esta organización había realizado envíos de millones de dólares a Colombia, ocultando el numerario en enseres para restaurantes y maquinaria industrial.
El intercambio de información que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, con personal de la PGR, permitió que desde agosto de 2005, comenzara el desmantelamiento de la organización vinculada con Dávila Córdoba y Ricardo García Urquiza El doctor, éste último considerado uno de los grandes operadores del cártel de Juárez.
Según las fuentes consultadas, a partir del seguimiento que tanto autoridades mexicanas como estadunidenses dieron a envíos de grandes cantidades de dólares a Colombia, se pudo establecer que el colombiano Stephan Bartis Marín, encabezaba una organización delictiva trasnacional dedicada principalmente a lavar dinero, el cual era transportado de Estados Unidos a Sudamérica, utilizando a México como "trampolín".
Asimismo, se informó que las autoridades mexicanas lograron establecer nexos entre El Cónsul, quien laboró en el Banco de México como subgerente de cambios en 1988, y Bartis Marín, con la estructura financiera del cártel de Juárez, ya que a través de determinadas casas de cambio inicialmente se realizaban transferencias a distintas naciones.
Sin embargo, tanto el seguimiento que realizó la agencia estadunidense ICE como la PGR del aseguramiento, en agosto de 2005, de casi 8 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y luego otro envío de casi 5 millones de dólares dentro de cilindros de metal, permitió identificar que tanto la célula de García Urquiza como la de Bartis Marín utilizaban a un mismo grupo, "conformado en su mayoría por colombianos y venezolanos, para ocultar y transportar el dinero hacia Sudamérica, en algunos casos con protección y auxilio de servidores públicos mexicanos", indicó la PGR.
El Ministerio Público Federal cumplimentó el pasado martes la orden de aprehensión girada por el juzgado 11 de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México, en contra de Stephan Bartis Marín, José Fernando Ramírez Cuéllar Fercho, Luis Alfredo Zambrano Rincón, Adriana Manrique Herrera, Antonia Manrique Herrera, Carmen Yolanda Daza Artigas y Xiomara Josefina Salazar Gómez.
Los siete fueron acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), como parte del llamado Operativo Nueva Generación II.
Dentro de las indagatorias se ha identificado que Bartis Marín, un colombiano naturalizado mexicano, utilizaba las empresas Bartro SA de CV, Comercializadora de Importación Bartis SA de CV y Exportaciones Textiles SA de CV, para encubrir talleres donde el dinero se empacaba al alto vacío y luego se introducía en maletas, cilindros de metal, rosticeros de pollo e incluso, hasta artículos pequeños, como reguladores de voltaje.
A más tardar, el próximo domingo, el juzgado 11 de distrito deberá definir la situación jurídica de los detenidos y determinar si les inicia proceso penal o los deja en libertad por falta de elementos para procesar.