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Néstor de Buen

Cuando la ley estorba

El ya muy famoso asunto de Equipamientos Urbanos de México, SA de CV, mejor conocido como Eumex, a partir de la última hazaña del Gobierno del Distrito Federal de encarcelar a su director general, Antonio Torres, por supuestos daños en propiedad ajena, ha llegado a extremos verdaderamente inconcebibles.

El juzgado de paz que lleva el asunto penal por unos supuestos daños que no superan mil 500 pesos decretó la formal prisión de Antonio y la empresa decidió pagar la fianza para que recuperara la libertad. Eso se hizo este jueves.

Participé en la gestión y mi sorpresa ha sido que en lugar de dejarlo en libertad se le trasladó a una estación migratoria bajo la acusación, que no puede ser más arbitraria, de que se trata de una persona non grata y rijosa, lo que es totalmente falso.

Ya la embajadora de España en México, que ha intervenido anteriormente para preservar los derechos de los funcionarios de Eumex, ha hecho de nuevo acto de presencia para lograr la libertad de Antonio Torres, pero los términos de la violación sistemática de la ley en que incurre y ha incurrido el Gobierno del Distrito Federal en los recientes cinco años hará difícil que se respeten los derechos de Antonio Torres y otros funcionarios de Eumex.

En los múltiples litigios que han promovido las autoridades capitalinas contra Eumex, que defendió con brillantez y resultados positivos en todos el senador Fauzi Hamdan, lo que ha ocurrido es que el gobierno local, simple y sencillamente ha ignorado las sentencias, inclusive de amparo, incurriendo en una notable violación de sus deberes.

Ayer se dijo que el jefe de Gobierno, Alejando Encinas, aseguraba que Eumex no había hecho nunca una propuesta de pago de la energía eléctrica que utiliza en sus anuncios, a lo que no está obligado, lo que es absolutamente falso. Yo entregué personalmente esa propuesta al oficial mayor, Octavio Romero, acompañada de otras ofertas de incrementos considerables en las compensaciones al Gobierno del Distrito Federal. Por supuesto que sólo mereció silencio, con lo que la autoridad violó el derecho de petición, establecido en el artículo 8 constitucional. Una violación más de las, por lo visto, son tan frecuentes y que ya no importan.

A mi amigo Alejandro Encinas -tal vez no muy amigo, dicho sea con verdad, aunque confieso que le tengo o le tenía afecto- le solicité personalmente entrevistas para resolver los problemas de Eumex y lo único que logré fueron silencios ominosos. "Está ocupado", "no se encuentra el señor jefe de Gobierno, pero ya le pasé su recado" y otros etcéteras fueron las respuestas. Mi intervención nunca fue como litigante, sino como una especie de intermediario que, se suponía, sería bien recibido. Así fue, por cierto, un par de veces con Andrés Manuel López Obrador, pero sin resultado alguno, pese a la presencia de la embajadora de España, Cristina Barros, en una ocasión.

Ahora invoca el gobierno capitalino haber ganado un juicio. Lo que no dice es que se trató de una demanda en contra de Servimet, en la que se reclamó la revocación del permiso administrativo temporal. Seguramente la sentencia es favorable porque Servimet no se defendió. Es lógico: depende totalmente del gobierno. Pero en esa demanda no se tuvieron en cuenta los contratos y convenios celebrados entre Servimet y Eumex. Y el colmo de las arbitrariedades consistió en notificar a Eumex la resolución respectiva, el pasado día 4, concediéndole 15 días para que pudiera manifestar lo necesario. Ese mismo día por la tarde el oficial mayor, violando de manera flagrante la legalidad y la seguridad jurídica, con civiles y vehículos particulares, y escoltados por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, inició el retiro de la publicidad y el mobiliario urbano operado por la empresa.

Afortunadamente a estos personajes les quedan pocos meses de ejercicio de sus funciones. Me preocupa muchísimo que las elecciones les puedan ser favorables. En todos los sentidos.

 
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