Impiden a especialistas verificar el estado de los detenidos, sostienen sus abogados
Buscan autoridades mexiquenses que el tiempo borre las huellas de tortura
Los procesos contra 175 detenidos, plagados de irregularidades, denuncian litigantes
Las autoridades del estado de México saben que lo que sufrieron los detenidos tras los hechos en San Salvador Atenco fue tortura y no sólo agresiones físicas y sicológicas, por lo que han negado la entrada de especialistas del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, quienes verificarían que los capturados han padecido diversos tormentos, informó Juan de Dios Hernández Monge, abogado de algunos de los atenquenses.
Destacó que el objetivo es que ''con el transcurso del tiempo se borren las huellas de la tortura''. Ante esta situación, y ''otras violaciones a las garantías de los detenidos'', sus defensores analizan denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estas transgresiones.
Por su parte, el Colectivo señaló que ante los hechos, las autoridades han aceptado que se presentaron abusos y exceso de la fuerza, ''pero se niegan a reconocer que existió tortura'', por lo que ha comenzado a recabar ''documentación necesaria'' para dar a conocer en breve pruebas de que se presentó tortura.
Asimismo, abogados de los atenquenses denunciaron que los procesos judiciales que se han instruido al menos a 175 de los detenidos durante el asalto policiaco están plagados de irregularidades. Señalaron que la más reciente anomalía es impedirles el acceso al expediente de la causa penal 96/06, a más de 11 días de los hechos, y al propio auto de formal prisión, que fue dictado el miércoles pasado.
Denunciaron que el juez segundo de lo penal, Jaime Maldonado Salazar, es quien ha cometido esa violación, amén de que ya fijó fechas para las audiencias constitucionales, donde las partes, Ministerio Público y defensa, presentarán las pruebas de cargo y descargo que serán desahogadas a lo largo de los procesos penales en contra de 175 personas.
Negligencia del juez: Zamora
La abogada Bárbara Zamora comentó que esta violación flagrante a la Constitución es fundamental, ya que al no conocer en detalle los hechos que se imputan a los inculpados, la defensa está imposibilitada de ofrecer pruebas contundentes que desvirtúen los señalamientos, ''simplemente porque no los conocemos''. Según personal del juzgado segundo, el expediente consta de ocho tomos, lo que se traduce en más de 6 mil fojas que tienen que analizar los abogados para diseñar su estrategia de defensa.
Las fechas para las audiencias fueron programadas el 22 de mayo para las 29 personas detenidas acusadas de secuestro equiparado, y el 23 y 24 de mayo para las 146 a quienes se imputaron ataques a las vías de comunicación.
''La negligencia del juez perjudica a los inculpados. Desde el inicio no se han respetado los términos legales procesales, violando con ello sus garantías individuales. Hemos solicitado copias simples del expediente y a tres días de haber dictado el auto no las han entregado, con el argumento de que tienen mucha carga de trabajo'', reveló Alejandro Cornejo.
Entre las violaciones cometidas por las autoridades judiciales del estado de México, destacaron, están: no se debió encarcelar a los capturados hasta que el Ministerio Público consignara la averiguación previa, permaneciendo en las instalaciones de la procuraduría estatal, lo cual no sucedió; se les debió tomar declaración en presencia de abogados de su confianza; la procuraduría estatal debió consignar el acta a más tardar 48 horas después de su detención y, de no ser así, dejarlos en libertad; en cambio, mediante una maniobra duplicó el término constitucional con el argumento de que se les fincaría del delito de delincuencia organizada, para extender ese plazo a 96 horas, ilícito del que todos resultaron exonerados.
En entrevista por separado, Hernández Monge consideró que ante esas violaciones las autoridades han cometido diversas transgresiones, como falsedad de declaraciones, simulación de acto jurídico, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública, además de robos, amenazas, lesiones graves, homicidio, tortura física y sicológica. ''Hay gran cantidad de delitos que están cometiendo los gobiernos federal, estatal y municipal. Es un acto de terrorismo de Estado, algo dramático e inédito.'' Destacó que recientemente se presentó en el país una especie de ''neofascismo'', que comenzó con la represión de grupos altermundistas en Guadalajara, en 2004.
Los litigantes adelantaron que preparan la presentación de juicios de amparo ante la justicia federal, donde se relata ''toda esta serie de arbitrariedades'', para que sus clientes puedan obtener su libertad.
Hernández también denunció que directivos del penal han intentado dividir a los presos que alcanzan libertad bajo fianza, debido a que la mayoría decidió no aceptarla en solidaridad con los 28 que no alcanzaron caución. ''Les han prometido que el gobernador (Enrique) Peña Nieto les pagará la fianza para que se vayan y sea menos la presión en el interior del penal.'' El sábado anterior algunos ya habían aceptado pagar para obtener su libertad.