Datos sobre propiedades serían confidenciales
Iniciativa de Fox busca frenar acceso a información
El acceso a la información pública y la obtención de datos patrimoniales de los funcionarios se verán limitadas si se aprueba la iniciativa de reforma al artículo 6º. constitucional que el presidente Vicente Fox recién envió a la Cámara de Diputados, alertó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Juan Pablo Guerrero.
Comentó: "Esa iniciativa es un fuerte mensaje al trabajo que hacen los comisionados en el IFAI -que tenemos la obligación de privilegiar la máxima publicidad y accesibilidad a los documentos-, porque si se aprueba esa iniciativa, la Constitución me va a decir: 'No te puedo dar la escritura del bien inmueble de, por ejemplo, (Arturo) Montiel, porque es un dato confidencial'".
Guerrero declinó opinar si la iniciativa busca proteger a algún político o a los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún de Fox. Pero, en el eventual caso de su aprobación, se negaría el acceso a los registros públicos, entre ellos el de la propiedad, con lo cual se transformarían en confidenciales los datos patrimoniales de políticos y empresarios, entre otros.
Sería "un retroceso dejar pasar esa reforma", opinó, y destacó que esa iniciativa se contrapone con los cambios aprobados a ese artículo hace unas semanas por el Senado, que fijan la "obligatoriedad de favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información pública".
En los considerandos de la iniciativa -La Jornada 03/04/2006-, y en la propuesta que adiciona la fracción 1 al artículo 6, se determina que el principio de publicidad de documentos de todos los órganos del Estado y partidos políticos, se sujeta a "las reservas temporales por razones de interés público (que) establezca la ley".
Guerrero explicó: "En este caso, el concepto de interés público se usa para no dar acceso a la información pública, cuando en otros países en la constitución ese concepto está claramente orientado al acceso informativo".
La propuesta del Ejecutivo justifica la reserva "por asuntos de seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, economía nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de las leyes".
En cuanto a información patrimonial (de funcionarios públicos o de cualquier persona) se instaura la confidencialidad por su vinculación con los llamados "datos personales". Esto llevaría, comentó el comisionado, a que los datos de los registros públicos (Civil, de la Propiedad, del Comercio y otros), perdieran su naturaleza y con ello se anularía el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia, que dice que la información de los registros públicos no puede ser confidencial.
Aunque es "bien intencionada" la iniciativa, por incluir los partidos en la transparencia y crear de mínimos legales para la apertura de información en los estados, sin duda tiene "inconsistencias", subrayó.