Tabaré Vázquez, dispuesto a extraditar a ex represores uruguayos a Buenos Aires
Nueva esperanza en Argentina para solucionar casos de la Operación Cóndor
Buenos Aires, 16 de mayo. Recientes declaraciones del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sobre su disposición a extraditar a los militares uruguayos involucrados en el secuestro, traslado y asesinato de María Claudia García Iruretagoyena (nuera del poeta Juan Gelman), en 1976, "si lo decide" la justicia de su país, abrió una nueva esperanza para las investigaciones judiciales locales sobre la Operación Cóndor.
Precisamente el traslado de la joven embarazada a Montevideo, desde el centro clandestino de detención argentino Automotores Orletti, junto a otros ciudadanos uruguayos secuestrados aquí bajo la dictadura militar (1976-1983,) se produjo en el contexto de la red Cóndor, la coordinadora criminal entre los dictadores del Cono Sur en los años 70.
Este fin de semana Interpol de Argentina envió a su par uruguaya una solicitud de información sobre Angel Tauriño, ex jefe de Policía de San José, quien registró como propia (en 1976) a la hija de María Claudia, nacida en el Hospital Militar en Montevideo y robada por el grupo de militares uruguayos, que tuvo también que ver son su traslado y asesinato.
La justicia uruguaya respondió ya sobre Tauriño, fallecido en 1999. Cuatro años antes había sido nombrado jefe de Policía de San José, por el entonces presidente Julio María Sanguinetti. Los restos de María Claudia aún son buscados en los terrenos del Batallón de Infantería 14 en ese país, mientras que la niña -Macarena Gelman- fue encontrada en 2000, cuando gobernaba Jorge Batlle, después de una búsqueda que tuvo resonancia mundial.
Aunque se señala que Macarena "fue dejada en un canasto" en la casa del matrimonio Tauriño que no tenía hijos, se conoce quiénes fueron los responsables de la sustracción de la niña y el pedido de extradición alcanza a los oficiales retirados del ejército Jorge Silveira, José Nino Gavazzo, Ernesto Rama y Gilberto Vázquez, José Arab y el ex policía Ricardo Medina, en estos momentos detenidos en unidades militares en su país.
Aun así el presidente uruguayo señaló que la causa debe ser estudiada, ya que existen otras demandas "que el Poder Ejecutivo no tenía previstas y que están amparadas por la Ley de Caducidad", que en Uruguay permitió la impunidad para militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en ese país (1973-1985).
Implicados en más secuestros
Los cuatro militares solicitados por la justicia argentina en el caso Gelman son responsables de numerosos secuestros y están implicados en las causas de la Operación Cóndor que se ventilan en la justicia argentina. También tienen que ver con otros traslados e interrogatorios in situ en Paraguay, por ejemplo, mientras se investigan sus incursiones en Brasil, al amparo de la larga dictadura militar en ese país.
Gavazzo y sus equipos con militares argentinos y grupos de tarea mercenarios intervinieron en el secuestro de la uruguaya Sara Méndez (1976) junto a otros compañeros que también fueron llevados a Orletti, una "sede del horror" de Cóndor en esos tiempos. También a Sara, que sobrevivió después de ser trasladada a Uruguay, con otro grupo de detenidos desaparecidos, le quitaron, a su hijo (Simón Riquelo) de sólo 20 días, quien también fue encontrado a principios de 2000 en manos de la familia de un ex comisario argentino.
Vázquez dijo a medios de su país que la extradición se concedería exclusivamente en relación al "asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman" y prometió estudiar las otras solicitudes, a la vez que aseguró que " esto se va a cumplir" como se hizo con los militares de alto rango como Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, solicitados por Chile para ser juzgados en Santiago por el secuestro y asesinato de Eugenio Berrío, el ex agente y químico que reprodujo el gas sarín en los laboratorios de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía política del dictador Augusto Pinochet.
Este gas mortal habría sido utilizado en varios asesinatos como el del diplomático español Carmelo Soria, sucedido en plena dictadura pinochetista. Soria fue visto en la tenebrosa casa del agente de la CIA y la Dina, Michael Towley, confeso de participar en varios asesinatos de la Operación Cóndor.
Towley es un "testigo protegido" en Estados Unidos y trabajó con un equipo que fue constante en estos crímenes, los grupos terroristas "cubano americanos" con base en Miami.
La red que se movió en los años 90 para sacar a Berríos de Chile, y que pasó por Argentina -donde aún falta establecer las conexiones- tenía que ver con los ex cóndores y también con las nuevas mafias empresariales en que muchos de estos criminales se reciclaron. Al parecer se le sacó para que no fuera a rendir declaraciones sobre la dictadura de Pinochet, pero luego terminó encerrado en una casa en una zona balnearia de Uruguay. De allí se escapó un día, para pedir auxilio policial y desde ese cuartel "fue rescatado" (secuestrado) por militares uruguayos y desaparecido (1992).
En 1995 lo que quedaba del cadáver del desaparecido Berríos fue encontrado enterrado en una playa de Uruguay y la autopsia reveló que había sido sometido a terribles torturas antes de ser asesinado; se sabe que en la ruta del crimen hay también varios servicios de seguridad extranjeros, los mismos que colaboraron con todas las dictaduras del sur. Una siniestra parábola de muertes y venganzas.
Estos mismos servicios están hoy de alguna manera de vuelta en nuestros países, involucrados en los servicios privados de inteligencia, como se vio en los últimos años.
El periódico Clarín ha consignado "el retorno de los agentes" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Mossad israelí a Argentina, después de haberse retirado a unos discretos cuarteles de invierno durante la crisis de 2001.
Según el periódico estas agencias de seguridad privadas están dirigidas "por espías ya retirados de Estados Unidos e Israel", y su misión sería proteger a empresarios, investigar fraudes, pero también son contratados para espionaje industrial, controles telefónicos y otros.
Precisamente varios de los grupos que están aquí fueron encargados de colocar micrófonos en las oficinas de las figuras políticas más cercanas en el gabinete del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, como lo confesó públicamente un ex jefe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Los nombres que cita el matutino argentino ya han sido mencionados por La Jornada y son conocidos en sus trabajos de guerra sucia en distintos países y especialmente en Centroamérica como Frank Holder, Hen Harel, Ross Newland, David Manners, Ariel Seipfetz y otros.
"Son nombres que poco o nada dicen a los argentinos. Se entiende, porque todos ellos trabajaron en nuestro país como agentes secretos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos o Israel. Ahora se dedican a un negocio casi tan sigiloso como sus viejas misiones oficiales: el de las agencias de seguridad e inteligencia VIP, un mercado exclusivo para ricos y poderosos", señala Clarín. Aunque por lo visto en Brasil no es solamente "protección empresarial" el trabajo VIP de estos agentes.