Usted está aquí: lunes 22 de mayo de 2006 Opinión Maciel: doble vergüenza

Editorial

Maciel: doble vergüenza

Las ligerísimas sanciones impuestas la semana pasada por el Vaticano a Marcial Maciel, fundador de la orden Legionarios de Cristo y responsable, según testimonios nunca desmentidos, de múltiples abusos sexuales contra menores, son demasiado poco y llegan demasiado tarde: después de medio siglo, con un sinnúmero de vidas alteradas o destruidas por las agresiones del prelado originario de Michoacán, y ante un descrédito monumental por lo que constituye un patrón de delitos sexuales cometidos en sus filas y al amparo de su ascendiente moral, la jerarquía eclesiástica renunció a someter a Maciel a un proceso como el que prescribe el derecho canónico y elude una explicación clara sobre las causas que condujeron a la Congregación para la Doctrina de la Fe a suspender a divinis al fundador de los Legionarios. En lugar de aprovechar la oportunidad de limpiar a fondo la institución y reivindicarla ante su grey, el Vaticano presenta un remedo de justicia, un acto de simulación y una muestra clara de su nula disponibilidad a actualizarse, a hacerse transparente y a responder a los católicos con el respeto y la humildad pregonados por el fundador del cristianismo.

En la ambigua decisión de Roma se deja ver el interés mundano de preservar a toda costa a la orden creada por el ahora suspendido sacerdote, una entidad que aporta al catolicismo institucional vastas cuotas de poder secular ­político, económico, mediático, educativo­ en diversos países, entre ellos México, y que articula al Vaticano con las influencias y con los bolsillos de las elites empresariales y gubernamentales en las naciones en las que opera. Da la impresión de que, en el cálculo del papado, una sanción en regla a Maciel habría podido provocar reacciones de descontento entre los Legionarios de Cristo ­y acaso también en otros ámbitos clericales, por ejemplo aquellos en los que la pederastia no constituye una práctica excepcional­ y un severo daño a la imagen de esa orden. Se optó, en consecuencia, por desactivar el escándalo internacional mediante una penalización timorata y light contra el octogenario sacerdote.

La reacción del Vaticano a las acusaciones contra Maciel fue turbia, tardía e insuficiente; en cambio, las autoridades judiciales de México, país en el que ocurrieron los abusos sexuales atribuidos al cura michoacano, no han llegado ni siquiera a eso. Ha sido notoria y exasperante la renuencia de los ámbitos oficiales a indagar en tales señalamientos, de los que pueden inferirse delitos perseguibles de oficio. Independientemente de que tales delitos hubieran prescrito cuando salieron a la luz los primeros testimonios, hace ya una década, era obligación elemental investigarlos, así fuera para determinar su prescripción legal.

No debe omitirse que una de las explicaciones posibles, acaso la principal, de la indolencia de las autoridades seculares ante los señalamientos contra Maciel es la red de vínculos de alto nivel establecidos por éste y por sus legionarios con las altas esferas del poder público, red que durante el foxismo ha llegado hasta la Presidencia de la República.

La impunidad canónica y legal del fundador de los Legionarios de Cristo ­vergonzosa por partida doble­ indica, más allá de toda duda, que el desgarramiento de trajes y de sotanas por la existencia de organizaciones criminales dedicadas a la prostitución de menores y a la pornografía infantil es un mero gesto publicitario, un blanqueo de conciencias y un acto de perfecta hipocresía.

 
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