Más que legislar, asambleístas dedican tres años a atacarse
Durante casi tres años, la mayoría perredista y las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) utilizaron las instancias de procuración de justicia locales y federales para atacarse políticamente.
Las procuradurías General de la República, de Justicia capitalina, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Contraloría General del Distrito Federal fueron los órganos más recurridos por los legisladores, para denunciarse entre ellos, a un funcionario local o federal o echar atrás alguna legislación aprobada en el pleno de la ALDF.
Según el reporte que entregaron las fracciones legislativas de PRD, PAN, PRI y PVEM, de septiembre de 2003 a marzo de 2005, los diputados locales presentaron 60 recursos legales ante las citadas instancias, que van desde denuncias administrativas o de hechos por presuntos delitos penales, quejas, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Los que más inconformidades legales interpusieron fueron los legisladores de la bancada panista, con 35 denuncias y seis recursos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Contra AMLO, la mayoría de denuncias
La mayoría de acciones estuvieron enfocadas al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a quien, por ejemplo, lo culpan de los actos de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas, acusado de desvío de recursos, o del uso de recursos públicos para promoción política personal, durante 2004.
El procurador Bernardo Bátiz fue implicado cuatro ocasiones en hechos irregulares, uno porque, según los panistas, tuvo responsabilidad durante la fuga de Octavio Flores Millán, señalado de cometer fraude en Gustavo A. Madero.
En el caso de la bancada panista, los legisladores que mayor número de quejas o querellas presentaron fueron Obdulio Avila Mayo, con 23; Sofía Figueroa, 14, y Christian Martín Lujano Nicolás, ocho.
Sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la SCJN, sumaron siete en esta legislatura, y en la mayoría el PAN, el PRI y el PVEM se unieron para impugnar, por ejemplo, las reformas al Código Financiero de 2006; lo mismo hicieron para las reformas a la Ley de Participación Ciudadana o por la Ley de Cultura Cívica, avaladas en el pleno por la mayoría perredista.
Respecto a los perredistas, la coordinación de asesores informó que se han promovido siete recursos legales, y prácticamente todos giran en torno del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Las dos controversias constitucionales fueron por la admisión que hizo la Cámara de Diputados del juicio de procedencia de desafuero contra el mandatario local, y la otra por aprobación del dictamen correspondiente.
Ante la CNDH el PRD presentó una queja por lo que consideró una violación de los derechos humanos y políticos de los capitalinos, derivada del proceso de desafuero contra el tabasqueño.
Una más es la denuncia ante la PGR contra el entonces subprocurador Carlos Vega Memije, y otro recurso ante esa misma instancia contra los diputados del PAN Jorge Lara y Gabriela Cuevas, quienes pagaron la fianza de López Obrador, relacionada con el mismo caso.