Impugnará la adjudicación directa de mupis a Servicios Urbanos
Eumex solicita a la Corte atraer caso e indagar sobre violación a garantías
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Antonio Torres, presidente de Eumex, acudió con trabajadores de esa empresa a la Corte para solicitar que averigüe las violaciones a diveresas garantías individuales de que, dicen, son objeto por el GDF
Foto: Cuartoscuro
Directivos y trabajadores de la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex) solicitaron ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, atraiga y cree una comisión especial para averiguar las violaciones a diversas garantías individuales de que, según dicen, han sido objeto por autoridades del Distrito Federal.
A su salida del edificio de la Corte, en Pino Suárez y Corregidora, el director jurídico de la empresa, Eduardo Macías, anunció que también impugnarán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la adjudicación directa del permiso a Servicios Urbanos del Centro, de Gerardo Cándano, y el miércoles acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos.
Mientras, los socios extranjeros acudirán a la Audiencia Nacional de España, "en un intento de pedir ayuda, dada la gravedad y el conflicto de poderes en el que se encuentran los procedimientos promovidos por o en contra de los trabajadores de la compañía por el gobierno local, al no acatar ni respetar las resoluciones del Poder Judicial".
En tanto, el presidente del consejo de administración de Eumex, Antonio Torres Martínez, dijo que entre las garantías individuales que les fueron violadas de "forma reiterada y sistemática" están la del debido proceso, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad personal y a la protección frente a injerencias arbitrarias, sin considerar las 250 fuentes de empleo directas y 100 indirectas, que están en riesgo de desaparecer".
A esta situación se suma la "fabricación de delitos" como la existencia de la averiguación previa FAF/42/04-07, radicada desde hace dos años en la Fiscalía para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por el delito de defraudación fiscal, a pesar de que de las propias actuaciones que integran la indagatoria ha quedado demostrado la inexistencia de un hecho generador respecto al crédito fiscal, dijo.
De ahí que la propia dependencia esté imposibilitada para investigar y perseguir esos hechos, llegando, incluso, al "absurdo" de negar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el acceso a la referida indagatoria, por lo que "es urgente la intervención de la Corte, al tratarse de un asunto relevante para preservar el estado de derecho, el cual debe estar por encima de cualquier actuación de la autoridad", argumentó.
La determinación por ello, comentaron, de acudir a la Suprema Corte, que tiene la facultad de atraer el caso y averiguar los hechos que constituyen una violación a diversas garantías individuales, con fundamento en el artículo 97 de la Constitución, e "internacionalizarlo".