Lo acusan de un centenar de crímenes de lesa humanidad
Detienen a Juan Fiorillo, ex represor de la dictadura argentina
Buenos Aires, 1º de junio. El comisario Juan Fiorillo, responsable del secuestro y desaparición del obrero metalúrgico Felipe Vallese ocurrido el 23 de agosto de 1962, fue detenido por la justicia, en una decisión que antiguos militantes de la resistencia peronista de finales de los años 50 valoraron con "enorme alivio".
Fiorillo, ex integrante de los escuadrones de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y también responsable de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983), fue arrestado por su responsabilidad en secuestros y torturas en la comisaría quinta de La Plata. Incluso se apropió de la niña Clara Anahí Mariani, cuyos padres Daniel Mariani y Diana Teruggi, fueron asesinados, esta última en un operativo militar el 24 de noviembre de 1976.
Fue entonces cuando Fiorillo -ahora en detención domiciliaria por su edad- se llevó a la niña. Así, este hombre al que se conocía como el autor de la primera desaparición forzada en el caso Vallese, ahora fue apresado por unos cien casos de crímenes de lesa humanidad.
El ex comisario era famoso como integrante de lo que popularmente llamaban la patota (banda) de la Unidad Regional de San Martín, que tenía entonces una fama siniestra en aquellas zonas, en el tiempo en que secuestraron al obrero, en una calle que hoy lleva su nombre.
Después del golpe de Estado de 1976 fue jefe del Departamento de Coordinación General de la policía provincial y trabajó directamente con el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, unos de los más conocidos represores, hoy detenido por los crímenes cometidos en la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura.
Fiorillo estuvo en la Unidad Regional de La Plata, de la cual dependieron algunos centros clandestinos de detención. Y fue señalado por un policía, en el juicio por la verdad que se realiza en La Plata y que se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional. También fue imputado por el ex chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama, que está bajo proceso.
El juez Arnaldo Corazza ordenó el arresto de Fiorillo y como en otros casos de represores, estaba al frente de una agencia de seguridad privada, que fue clausurada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Para los organismos de derechos humanos, cada caso en que se determinan responsabilidades, significa la apertura de puertas, porque aparecen complicidades que permiten aclarar otros crímenes de aquellos tiempos.
En Buenos Aires, Manuel Garrido, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, solicitó hoy al juez federal Norberto Oyarbide que se declaren "inconstitucionales y sin efecto" los decretos de indulto que en los años 90 beneficiaron a los ex ministros del Interior y de Economía de la dictadura, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, y a otros represores.
Este caso está referido a los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim quienes fueron detenidos por el ejército el 5 de noviembre de 1976, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional acusados de algún tipo de violación de la paz interior, y ante la necesidad de "asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República".
En realidad otro decreto de 1977 los liberó, pero en el transcurso de su detención fueron presionados para que "negociaran con representantes de empresas extranjeras a raíz de la frustración de un negocio de exportación de la que José Alfredo Martínez de Hoz había tomado conocimiento en una visita oficial a Hong Kong".
La causa fue abierta al regreso de la democracia y avanzaba ya en 1988 cuando el dictador Jorge Rafael Videla y Hargundeguy estaban detenidos por este hecho y ya iba a llegar la manos de la justicia sobre Martínez de Hoz, cuando se produjeron los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem entre 1989 y 1991. Allí todos -includos los jefes de la dictadura- quedaron sin cumplir los castigos.
Este caso podría sentar un precedente en momentos en que los organismos humanitarios luchan por la anulación de los indultos, como sucedió recientemente con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los años 86-87.
En tanto, en la provincia de El Chaco en el noroeste del país miles de indígenas wichis, mocovíes y tobas comenzaron una larga marcha desde distintos puntos hacia Resistencia, la capital chaqueña, para reclamar por sus derechos y contra los abusos de largos años, en momentos en que se incrementó el robo de sus tierras.