Editorial
El reto de la reforma agraria en Bolivia
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dio formalmente inicio ayer sábado a una reforma agraria de gran envergadura, en la que se prevé otorgar a los campesinos unos 2.5 millones de hectáreas. Esta decisión lo enfrenta a gran parte del sector agroindustrial y desafía las disposiciones marcadas por los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) respecto del tema agrario. Con esta reforma, Morales se propone luchar contra la pobreza que castiga con especial rudeza a los campesinos.
No es de extrañar que Morales haya decidido entregar los primeros títulos de propiedad en Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país y donde se concentra el potencial agropecuario boliviano. Se trata de un desafío: "Ellos (los empresarios) no querían que firmara los primeros decretos, pero quiero decirles que distribuir tierras del Estado es potestad del presidente", dijo.
El plan del gobierno comenzó con el reparto de tierras fiscales que el Estado pudo recuperar en los últimos 10 años. El siguiente paso será la "reversión de tierras improductivas". El gobierno boliviano pretende distribuir unos 20 millones de hectáreas de tierras en cinco años.
El proceso iniciado por Morales guarda cierto paralelismo con el plan de reforma agraria impulsado en Venezuela por Hugo Chávez.
La guerra contra el latifundio, como la ha llamado el mandatario venezolano, comenzó en noviembre de 2001 con la Ley de Tierras, que generó críticas y movilizaciones de los sectores empresariales y agroindustriales. El plan fue relanzado el 10 de enero de 2005, cuando el presidente firmó el Decreto para la Reorganización de la Tenencia y Uso de la Tierra de Vocación Agrícola. Esta norma establece, entre otras cosas, que la distribución de la tierra permanece en manos del Estado y faculta al gobierno a promover la formación de cooperativas. Grava con un impuesto a todo predio que esté sin cultivar en más de 80 por ciento. También estipula que cualquier venezolano puede solicitar una parcela de tierra y, después de sembrarla durante tres años, obtener un título de propiedad hereditario.
Chávez ha argumentado que su plan tiene el objetivo de acabar con la concentración de tierra en pocas manos (de acuerdo con datos oficiales, 80 por ciento del área cultivable es propiedad de 5 por ciento de grandes productores), combatir la tierra ociosa (existen alrededor de 30 millones de hectáreas sin producir) y terminar con la dependencia alimentaria que padece ese país. Según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras, Venezuela importa más de 70 por ciento de los alimentos que consume, lo que provoca un dumping permanente que afecta los productos de los campesinos locales, desalienta la producción nacional y genera descontento en el campo.
Asimismo, el plan agrario de Morales va a contracorriente de las disposiciones del BM en este rubro. El modelo promovido por el organismo internacional está anclado en el mercado, impulsa la formación de bancos de tierra que generalmente se convierten en nidos de corrupción y, entre otros puntos, fomenta la adquisición de créditos para adquirir parcelas. Generalmente, en este esquema, los campesinos terminan pagando tasas muy altas, un factor que, unido a otros como la alta dependencia alimentaria del país, provoca la eventual e inevitable quiebra del agricultor.
Si bien es necesario esperar un tiempo para notar el resultado del plan agrario de Evo Morales, es claro que estas reformas obedecen a una realidad desalentadora: en Bolivia, como en el resto de América Latina, el campo es zona de desastre permanente, provocado en gran medida por los modelos impulsados desde los organismos financieros internacionales. En este sentido, la experiencia boliviana trae esperanza a millones del campesinos de la región, muchos de los cuales apenas tienen qué llevarse a la boca.