Usted está aquí: domingo 4 de junio de 2006 Política Desvían recursos públicos a campaña de Calderón; la PGR tiene pruebas

A las arcas del PAN, bonos que se otorgan a unos 400 funcionarios de Tlalnepantla

Desvían recursos públicos a campaña de Calderón; la PGR tiene pruebas

JAIME AVILES

Tras el arresto de Víctor Manuel Piñones Triana, ex director general de Administración del ayuntamiento panista de Tlalnepantla, estado de México, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder documentos que prueban el desvío de recursos públicos a la campaña electoral de Felipe Calderón Hinojosa.

Esos papeles acreditan que alrededor de 400 funcionarios de primer nivel de ese municipio reciben bonos mensuales del erario, de los cuales se les descuenta un generoso porcentaje que se destina a las finanzas proselitistas de Acción Nacional. De enero a noviembre de 2004, por ejemplo, el monto de esas gratificaciones ascendió a 176 millones 900 mil pesos, de los cuales 78 millones 71 mil 28 fueron canalizados al partido político del presidente Vicente Fox.

Sólo en noviembre de 2004, los bonos otorgados por el municipio sumaron un total de 16 millones 90 mil pesos; de esa cantidad, 7 millones 351 mil 46 fueron a las arcas del partido blanquiazul. En junio del mismo año, las gratificaciones redondearon 15 millones 185 mil 952 pesos y de éstos 7 millones 136 mil 747 los absorbió Acción Nacional.

Pero en marzo del año en curso, con esos recursos económicos, Acción Nacional pagó los gastos de un "magno evento" de campaña, facturado por 783 mil 200 pesos, de los cuales 750 mil fueron para la contratación de "diversos grupos" artísticos, sin precisar los nombres de éstos. Otro expediente reporta gastos de "alimentación campaña general" por 588 mil 238 pesos, con elevadas cuentas en restaurantes como Angus, Café del Bosque, Hooter's, Marquís Reforma y algunos más.

Así, también hay "gastos de apoyo a diputados y apoyo a líderes Diablo" (sic) por 955 mil 250 pesos, destinados a "Diablo oficina", "Diablo en Palacio de Hierro", "Diablo pago de líderes", "Diablo ex Hacienda de En Medio", al igual que pinta de bardas, estudios fotográficos para candidatos a diputados y la contratación de un abogado de apellido Ordóñez.

Ulises no dio un quinto

De acuerdo con documentación en poder de este diario, los miembros de la alta burocracia de Tlalnepantla perciben un sobresueldo que oscila entre 59 mil y 30 mil pesos mensuales, y con o sin su consentimiento sufren una retención irregular de 45 a 100 por ciento del valor del bono.

El pasado jueves, Piñones Triana fue detenido en Polanco a bordo de una camioneta Suburban negra, con placas LUU 1605 del estado de México, en posesión de un arma de fuego, 123 mil pesos en efectivo y propaganda de Felipe Calderón y Ulises Ramírez Núñez, ex edil de Tlalnepantla y candidato panista al Senado, así como de tres computadoras y cd room en los que había copiosos informes financieros, reportes de gastos de campaña y "compra de relojes de mujer", entre otros.

En uno de tantos desgloses contenidos en abundantes carpetas rotuladas bajo el rubro de "bonos" aparecen los nombres de los funcionarios y el monto de los sobresueldos y de las retenciones que sufren. Llama la atención que Ulises Ramírez Núñez, como presidente municipal, tenía un bono de 59 mil pesos mensuales que iban a dar netos a su bolsillo, pues no le daba un quinto a su partido. Lo mismo hacían los funcionarios Angel Morales, Carlos Bello Otero y Guadalupe Mondragón, cuyo bono era de 56 mil 900 pesos, mientras el de Angel Corzo, quinto en el escalafón, era de 55 mil pesos cerrados, pero entregaba 5 mil, aportación casi simbólica porque en niveles inferiores el descuento era de 45 por ciento y en otros casos nada más lo veían pasar por sus manos rumbo a las arcas del partido.

Con un toque de humorismo, otro archivo titulado "fuerza aérea", en alusión a los famosos aviadores que son, y el documento así los nombra, "personal que no asiste", el ayuntamiento de Tlalnepantla lleva un detallado registro de quienes cobran sin trabajar. Estos son: Arturo Cercera Pérez, Isidro González Ramírez, Oscar Ibarra Calzada, Alejandro López Morelos, Martín Estrada Hernández, Diana Marlene Legorreta, Cándida Efegenia (sic) Martínez, Ricardo Martínez Daniel, Luisa Vega Infante, Sergio Manuel León Flores, Martín Felipe Saavedra, Hugo Silva Saucedo, Carlos Flores Mariscal, Juan Hernández de León, Elvira Nava González, María de Jesús Aguilera Hernández, Armando Caballero Elizalde, Carlos Eduardo Nájar Benítez, Emilio Hernández Moreno, Adriana Bartolomé Medina, Sofía Patiño Noyola, María Yazmín Alessandrini Morales, Christian Martínez Ruiz, Mario Ernesto Rosales Betancourt, Roberto Rocha Peña, Ricardo Contreras Velázquez, Alma Edith Huerta Rosales y Francisco Edgar López González, todos ellos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas.

Aviadores de la Contraloría del ayuntamiento son Francisco Javier Camacho Barbosa, Servando Alejandro Cárdenas Villa, Israel Galindo Hernández, David Alberto Gutiérrez Ruiz, Luis Enrique Martell Robles, Arturo Rodríguez Paredes, Luis Daniel Tovar Zárate y José Antonio Vázquez Zanabria. Los protegidos del presidente municipal son cinco: Angel Albino Corzo León, Vicente Ortiz Muro, Olivia Ambrosio Cayetano, Juan Manuel Licona Enciso y Marco Antonio Mojarraz.

Los de la Secretaría de Gobierno son Juan Carlos Villarreal Martínez, María Luisa Bacarlet Pérez y Patricia Vargas Mérida. La Dirección de Administración tiene sólo uno: David Vargas Santos, y cuatro la Dirección General de Servicios Públicos: María del Carmen Alcalá Hernández, Juana González Domínguez, Mayela Ramos Espinoza y Leonor Medrán Gómez.

Los de la Dirección General de Desarrollo Social son Rodolfo López Laja, Enrique Aguayo González, Blanca Estela Cisneros Gómez, Daniel Pineda Millán, Sergio González Rivera, Jorge Luis Moreno Vega, Jorge Alejandro García Almanza, Enrique Alejandro García Nava, Jesús Yescas Canales, María de Lourdes Vergara y César Angel Soto Herrera.

Cabe recordar que en fecha reciente se dio a conocer que el propio ayuntamiento panista de Tlalnepantla erogó 11 millones de pesos para dotar de una toma de agua al rancho del magistrado Diego Heriberto Zavala, suegro de Felipe Calderón.

 
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