Editorial
Recaída en Alan García
La cita del electorado peruano con las urnas se saldó ayer con la victoria de Alan García en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron su primer episodio hace un mes. Tras la inicial victoria en aquella ocasión de Ollanta Humala, candidato próximo a las posturas nacionalistas características del venezolano Hugo Chávez y del boliviano Evo Morales, la oligarquía peruana cerró filas con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de García, un político que carga un pésimo expediente desde que ocupó la Presidencia, entre 1985 y 1990, y dejó al país sumido en la hiperinflación, la corrupción, la inseguridad y la guerra. Se presenta así la paradoja de que un candidato impopular, que en la primera ronda obtuvo por sí mismo menos de 25 por ciento de los sufragios, se ve impulsado al poder por el afán de la derecha de cerrar el paso a cualquier precio a su rival, postulado por la Unión por el Perú (UPP).
Es pertinente considerar que el mandatario recién electo representa los meros residuos de una legendaria organización política nacionalista y popular, el APRA, fundada en 1924, en México, por Víctor Raúl Haya de la Torre, bajo la influencia ideológica de la entonces reciente Revolución Mexicana. Si en su primer gobierno García realizó algunos tímidos, torpes y muy desafortunados intentos de adoptar una política independiente, en esta ocasión llega a la Presidencia completamente entregado a la ortodoxia neoliberal que le fue impuesta por sus aliados como precio de su respaldo. No hay, en consecuencia, motivo para suponer que el sucesor de Alejandro Toledo vaya a albergar alguna voluntad de transformación social, de cambio en el rumbo económico o de ejercicio de la soberanía.
Por otra parte, el resultado de la contienda electoral no debe opacar el rápido surgimiento de una opción política nacionalista y de izquierda, la UPP, que logró 30 por ciento de los sufragios en la primera vuelta y cerca de 45 por ciento en la jornada de ayer, fenómeno que posiblemente logre, a mediano plazo, transformar el mapa electoral peruano. Por ahora, la patria de Vallejo y Mariátegui no ha logrado unirse a las naciones sudamericanas que buscan alternativas al modelo neoliberal, oligárquico y entreguista Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, por un lado, y Venezuela y Bolivia por otro; ha conseguido, al menos, como ocurrió en Colombia hace unos días, esclarecer su escenario político en dos frentes claramente definidos, el de izquierda y el de derecha.
Ayer se cumplió un mes de la violenta toma de San Salvador Atenco por fuerzas policiales federales, estatales y municipales. Durante la incursión, durante el traslado de prisioneros a Almoloya de Juárez, en el proceso de encarcelamiento y todos los días, de entonces a la fecha, las autoridades de los tres niveles han cometido graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de esa localidad mexiquense: en la toma del pueblo, efectivos policiales agredieron y lesionaron, allanaron domicilios sin las correspondientes órdenes de cateo, robaron pertenencias, destrozaron el interior de muchas viviendas y detuvieron a personas sin exhibir órdenes de aprehensión; en el traslado de los detenidos cometieron abusos sexuales contra más de veinte mujeres, abusos que se repitieron posteriormente en las cárceles de La Palma y Santiaguito, donde aún permanecen recluidos cerca de treinta atenquenses; muchos de ellos, requeridos de atención médica por las agresiones de que fueron objeto, no la han recibido; en los primeros días se les impidió, además, entrevistarse con sus abogados defensores, y para someterlos a proceso, la procuraduría estatal desenterró acusaciones relacionadas con hechos ocurridos dos meses antes de los enfrentamientos del 3 y el 4 de mayo.
A la fecha hay un menor muerto, otro en estado de coma, mujeres violadas o víctimas de abuso, decenas de lesionados y múltiples allanamientos de morada, entre otros actos delictivos, y las autoridades de los tres niveles siguen renuentes a reconocer los excesos de autoridad perpetrados contra los atenquenses y contra personas que se hallaban en la localidad. Tampoco se admite, desde luego, que las agresiones presentan un patrón que evidencia un designio represivo y que difícilmente habría habido tal sistematicidad en la barbarie por obra de efectivos individuales descontrolados o insubordinados; es decir, que posiblemente los atropellos fueron cometidos por órdenes de altos mandos.
Tan grave como las violaciones referidas a los derechos humanos es el empecinamiento de los gobiernos federal y estatal en negar o minimizar lo ocurrido y en denominar "restauración del orden" a lo que fue en realidad un vasto quebrantamiento del estado de derecho por parte de quienes son responsables de asegurar su vigencia.
El autoritarismo y las políticas de un Estado represor no se presentan solas: requieren de la impunidad garantizada para los autores intelectuales y materiales de los atropellos contra la población. La escandalosa falta de voluntad gubernamental para esclarecer los abusos de hace un mes en el oriente mexiquense y presentar a los presuntos culpables ante las autoridades judiciales es, en los hechos, un designio de impunidad.
Independientemente de los cálculos político-electorales del foxismo terminal, el país no puede permitir que permanezca impune un agravio contra la sociedad y contra la legalidad como el perpetrado en Texcoco y Atenco. Olvidar las atrocidades de la fuerza pública sería abrir la puerta al cinismo como hábito social y enviar al poder una señal de consentimiento a la generalización de los atropellos contra la ciudadanía. El clamor nacional e internacional en demanda de justicia no debe cesar. El Ejecutivo federal y el gobierno mexiquense tienen que escuchar las voces innumerables que desde la sociedad civil, desde instancias del propio Estado y desde otros países lo señalan como violador de derechos humanos; rectificar en sus propósitos encubridores, castigar a los culpables de los abusos y detener sus afanes represivos.