Viendo hacia delante: un camino democrático y progresista para México
Es necesario poner en marcha un programa nacional de inclusión social, que considere como prioridades relativas la dimensión social del desarrollo y la ampliación del nivel de empleo, para proporcionar ocupación a los que ingresan a los mercados de trabajo, reducir el desempleo y combatir la precariedad del trabajo; la mejoría del perfil de distribución del ingreso, sobre todo por medio del aumento del salario mínimo y de una tributación no regresiva; la creciente universalización de la morada propia, de los servicios urbanos esenciales (agua, saneamiento y transporte público) y de los derechos sociales básicos (salud, educación, seguridad social y protección del empleo), el acceso a la cultura y el combate a las causas del hambre y la pobreza extrema, con asistencia social para los excluidos.
Mientras persistan las prácticas discriminatorias y los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las personas con capacidades diferentes y la comunidad gay no puedan ejercer plenamente sus derechos, sólo por el hecho de ser diferentes, no podrá hablarse de equidad y democracia. Por lo demás, la realidad demuestra que la igualdad jurídica no es suficiente. Una perspectiva diferente parte de asumir que para alcanzar la equidad es necesario impulsar acciones afirmativas, que compensen las desigualdades. Y, por otro lado, dar poder no es democrático y menos aún podría llamársele progresista.
Instrumentar una política que recupere las capacidades productivas del campo, comprometiendo inversiones en obras de infraestructura; créditos de avío y refaccionarios; que promueva la integración de las cadenas productivas, desde el cultivo de la tierra hasta la agroindustria, la comercialización, etcétera; fomente la organización de los productores, dicte medidas para hacerlos competitivos tanto en los mercados internos como de exportación; negocie la supresión de subsidios de los que ahora disfrutan los productores y los productos agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas de los socios comerciales de nuestro país, así como la revisión de los acuerdos internacionales suscritos por México, a fin de tornarlos equitativos, entre otros, para los productores rurales.
Desarrollar una política energética que tenga como prioridades la reducción gradual de las exportaciones de petróleo crudo y la transformación industrial del producto en el país; el desarrollo de la industria petroquímica; ampliar la capacidad de refinación y eliminar la importación de combustibles; aumentar la producción de gas natural; dar autonomía presupuestal y de gestión a los organismos públicos del sector; restructurar administrativamente, con sentido de integración productiva, y adecuar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, hasta que corresponda al que rige para las demás empresas y actividades económicas; considerar las condiciones regionales y sociales en la fijación de las tarifas eléctricas; suprimir los subsidios que otorga la Comisión Federal de Electricidad y transferir su otorgamiento, en caso de ser procedentes, a las áreas fiscales del Estado; diversificar las fuentes de generación de energía; reforzar la vinculación de los institutos de investigación con los organismos y empresas del sector energético; restablecer la vigencia del Estado de derecho en el sector mediante, entre otras medidas, la cancelación de los contratos de servicios múltiples y mantener el orden constitucional que rige en él.
Formular y llevar a la práctica un plan nacional de seguridad, que considere como prioridad las medidas para la prevención del delito, los mecanismos para la investigación y persecución de los hechos delictivos; la revisión y, en su caso, restructuración del sistema de administración de justicia y de las políticas de readaptación y reinserción social, en cuya elaboración y ejecución se involucren los tres poderes, los gobiernos federal, estatales y municipales; los sistemas educativo y de salud, los medios de información -televisión, radio y prensa escrita- y la población en su conjunto, al que se asignen recursos presupuestales suficientes y cuya supervisión se encomiende a grupos representativos e informados de la sociedad.
Pugnar por un orden internacional equitativo y justo, y por una globalización incluyente, para lo que resulta fundamental impulsar la integración económica de América Latina y el Caribe, y en lo inmediato la revisión de los tratados comerciales suscritos por nuestro país, de manera prioritaria el de América del Norte, y el replanteamiento sobre bases justas y de equidad del proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Ante esta perspectiva , debe plantearse no un acuerdo de libre comercio entre los países del continente, regido por una hegemonía, tal como promueve el gobierno estadunidense, sino un acuerdo continental de desarrollo y comercio, que lleve entre sus objetivos prioritarios reducir hasta borrar las asimetrías económicas y sociales existentes mediante, principalmente, la generación de empleos y el acceso a los conocimientos de punta y a la educación de calidad, así como sentar las bases de un crecimiento económico sostenido a largo plazo, que considere además la creación y utilización de mecanismos como los fondos de apoyo y compensación que fluyan de los países de mayor desarrollo relativo hacia los menos desarrollados, para modernizar y hacer eficientes los procesos productivos y la infraestructura de servicios, acuerdos para el mejoramiento del medio ambiente, para tener condiciones dignas de trabajo, equivalentes a las de los países más desarrollados del área, y el libre tránsito de personas en el continente.
La principal relación de México con el exterior se da con Estados Unidos, y dentro de esta relación el intercambio más importante lo constituye el intercambio humano: el millón de personas que día tras día cruzan la frontera entre los dos países.
La militarización de la frontera del lado americano -independientemente de que sea por la presencia de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional, la Patrulla Fronteriza o el ejército regular- constituye un acto inamistoso del gobierno estadunidense hacia México.
La migración irregular de mexicanos hacia Estados Unidos es consecuencia de una economía estancada, de la creciente polarización social, la pérdida de empleos y el crecimiento exponencial de la desocupación, del abandono de sus responsabilidades sociales por parte del Estado mexicano, y sólo tendrá una solución definitiva cuando se adopten medidas específicas -muy diferentes de aquellas consideradas para combatir el terrorismo-, compartiendo responsabilidades en planeación y ejecución, autoridades y sociedades de ambos lados de la frontera.
En México hemos sido muy sensibles a los abusos de patrones y autoridades estadunidenses, que nulifican los derechos laborales y humanos de trabajadores y residentes mexicanos en el país vecino. Para enfrentar esa situación y erradicar los aspectos conflictivos de la inmigración irregular, el gobierno mexicano debe demandar enérgicamente a las autoridades estadunidenses respeto absoluto y protección eficaz a los derechos de los trabajadores mexicanos, y desarrollar, en colaboración estrecha con la sociedad mexicana, acciones amplias y vigorosas que conduzcan al gobierno y a la sociedad de Estados Unidos a reconocer la valiosa e indispensable contribución que los trabajadores migrantes dan para el progreso de aquella nación.
El Estado y la sociedad mexicana tienen una deuda pendiente de cumplir con los 8, 10 o 12 millones de mexicanos que en los años del neoliberalismo se han visto obligados a abandonar nuestro país, corriendo grandes riesgos y haciendo enormes sacrificios, cruzar la frontera y encontrar alguna oportunidad para ganarse la vida con dignidad.
Estos son sólo algunos puntos que como parte de un programa de gobierno, necesariamente más amplio y detallado, serían básicos para garantizar tranquilidad política, un efectivo avance democrático, crecimiento económico y el mejoramiento social en el plazo medio y largo.