Usted está aquí: jueves 8 de junio de 2006 Política Aranda reconoce que la Sedeso benefició a cuñado de Calderón

Ante legisladores, rechaza que los programas sociales se usen con fines proselitistas

Aranda reconoce que la Sedeso benefició a cuñado de Calderón

ALMA E. MUÑOZ Y GEORGINA SALDIERNA

Ante la acusación de legisladores perredistas de que la empresa Hildebrando, en la cual participa Diego Zavala, cuñado del candidato presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa, brindó servicios de informática para el manejo del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la titular de la dependencia, Ana Teresa Aranda, presumió que la información difundida es muestra de la transparencia con que se conducen los funcionarios del gobierno federal.

En su comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la funcionaria reconoció que la organización civil Huehuetépetl -utilizada para desviar casi 54 millones de pesos del programa de vivienda rural para beneficiar a Calderón- recibió el monto más alto de recursos de entre las agrupaciones que solicitaron apoyo en 2005.

Mencionó que a otras -algunas ligadas a partidos diferentes a Acción Nacional- se les asignaron entre 10 y 5 millones de pesos. Nombró a Agenda Ciudadana, Fundación para el Desarrollo, al Consejo Nacional de Empresas Campesinas de la Confederación Nacional Campesina, a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unorca y a la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias.

En un afán por demostrar que hay legisladores de todos los partidos apostando por los apoyos para la vivienda rural, citó el caso del perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien este año solicitó 11 millones de pesos para la Alianza Nacional Agropecuaria de Comercializadores y Consumidores.

En tanto, Miguel Luna, también del PRD, pidió 17 millones 954 mil 212 pesos mediante la Fundación Alianza Campesina para la Defensa del Campo; mientras Julián Orozco, del PRI, solicitó 4 millones 877 mil pesos por medio de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, y la senadora suplente María Guadalupe Martínez Cruz demandó 10 millones 165 mil 750 pesos para el Consejo Nacional de Sociedades de Unidades de Campesinos y Colonos.

La diputada Beatriz Mojica se encargó de cuestionarla sobre la utilización de Huehuetépetl para desviar recursos que había solicitado la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros por 53.19 millones de pesos, hacia distintos operadores electorales de Calderón.

De entrada, la legisladora del PRD intentó que la secretaria le respondiera con un sí o un no si se daban recursos a organizaciones que no lo habían solicitado, como es el caso, pero el moderador de la mesa, el panista Jorge Zermeño, se lo negó, y procedió a hacer una presentación con diapositivas.

Aranda intentó desmentir las irregularidades denunciadas, pero también aceptó que 13 legisladores panistas promovieron los recursos para Huehuetépetl. En todo momento, desde que se inició su comparencia, dio por hecho que todo estaba bien y que eran infundadas las acusaciones que le hicieron también priístas como la senadora Dulce María Sauri, los diputados Aníbal Peralta Galicia y Heliodoro Díaz Escárraga, entre otros. Inti Muñoz, del PRD, advirtió a Ana Teresa Aranda que "la Sedeso está bajo sospecha" de apoyar abiertamente la campaña de Calderón Hinojosa, y le exigió respuestas y las medidas a desarrollar para que no continúen estas acciones.

La funcionaria se limitó a decir que las medidas se tomaron desde 2001, y rechazó que alguna empresa haya tenido acceso a la base de datos del padrón de beneficiarios de los programas sociales, aunque reconoció que las inversiones sobre los programas de informática -lo hecho por Diego Zavala y socios--se difunde por Internet, ajustándose a criterios de transparencia.

 
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