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Editorial

El TLCAN, detrás de la migración y el deterioro del campo

El campo mexicano ­sobre todo los productores de maíz y frijol­ se encuentra en grave peligro debido a la negativa de los gobiernos de Estados Unidos y de México a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su capítulo agropecuario. Esa renegociación, solicitada formalmente ­pero no deseada­ por el gobierno del presidente Vicente Fox a instancias de los productores antes mencionados, buscaba impedir la apertura total de los mercados de esos granos, programada para 2008, y hubiera implicado la conservación y creación de fuentes de trabajo en ese sector. Se trata, pues, de un sinsentido de las autoridades estadunidenses, que por un lado señalan la necesidad de fomentar la creación de empleos en México para frenar el fenómeno migratorio, que cada año expulsa a unas 400 mil personas ­muchas de ellas campesinos­, pero por el otro cierra el paso a las medidas para alcanzar ese objetivo.

La situación presente del campo mexicano es, de por sí, dramática, a consecuencia de un TLCAN mal negociado desde el inicio: los representantes mexicanos ­entre ellos Luis Téllez, subsecretario de Agricultura durante las negociaciones y actualmente presidente de uno de los principales fondos de inversión, el Carlyle Group, y partidario del candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón­ permitieron que el agro mexicano fuera considerado al mismo nivel que el estadunidense, a pesar de las evidentes y profundas asimetrías entre ambos. Esta circunstancia derivó en una competencia desigual y salvaje, en la que los productores agrícolas nacionales salieron perdiendo, provocando cientos de miles de desempleados en el sector agrícola, el abandono de extensas áreas cultivables y la consiguiente migración de campesinos hacia Estados Unidos, incapaces de sacar beneficios económicos de sus cosechas. De hecho, el campo es uno de los principales expulsores de mano de obra.

Sin lugar a dudas, este panorama se volverá aún más negro si se concreta para 2008 la apertura total de los mercados de maíz y frijol, ya que la competencia entre productores mexicanos y estadunidenses será todavía más despiadada a favor de estos últimos, quienes gozan de millonarios subsidios: se calcula que en Estados Unidos el precio del maíz está subsidiado en 20 por ciento por el gobierno. Queda claro que con este lesivo esquema comercial, la migración se agravará y profundizará.

Además, la futura debacle en la producción de maíz tendrá serias repercusiones en el país debido a la importancia alimentaria y cultural de ese grano: la dieta básica de la mayoría de los mexicanos reposa principalmente en el maíz, y la identidad cultural de muchas comunidades ­en especial las rurales e indígenas­ gira en torno de este grano. Y por si fuera poco, la producción maicera constituye la columna vertebral de toda la producción agrícola nacional.

En este contexto, la responsabilidad del estado de vulnerabilidad del campo corresponde no sólo al gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que no supo proteger los intereses nacionales durante las negociaciones del TLCAN, sino también a los sucesivos gobiernos a partir de la entrada en vigor del tratado, en enero de 1994. Las administraciones del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y del actual mandatario, Vicente Fox, fallaron a la hora de elaborar políticas de compensación y reconversión para proteger el sector agropecuario, lo que determinará, en parte, la incapacidad de los productores nacionales para adaptarse a las nuevas reglas del juego, a pesar de las medidas de gradualidad plasmadas en el TLCAN, a todas luces insuficientes.

De esta manera, mientras Washington se niegue a renegociar el tratado y el gobierno mexicano no defienda con firmeza los intereses de sus productores nacionales, el deterioro del campo y la masiva migración no podrán resolverse cabalmente, afectando periódicamente las relaciones bilaterales.

 
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